24 de July de 2010 00:00

La impunidad es alta en la frontera

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Geovanny Tipanluisa.

Un hombre vestido con ropa negra entró a la discoteca y con tres tiros por la espalda asesinó a su administrador. Raúl V., de 38 años, cayó al piso, el desconocido salió del local y escapó en una motocicleta conducida por otro hombre.

El hecho ocurrió un poco antes de las 21:00 del 22 de noviembre del año pasado en Quinindé, Esmeraldas. Ocho meses después, la hermana de Raúl, Luisa V., dice que la Policía no ha hallado a los culpables y teme que el caso quede en la impunidad. “Mi familia espera que la muerte no permanezca en el olvido como otras”.

La impunidad en asesinatos como este fue el principal cuestionamiento que hizo el relator especial de la ONU, Philip Alston, al analizar el sistema judicial ecuatoriano. Según el funcionario, la tasa de homicidios en el país se duplicó en los últimos 20 años.

El informe de Alston revela que en 1990 se registraban 10,3 casos por cada 100 000 habitantes, en el 2009 se disparó a 18,7 y los cálculos sugieren que al finalizar este año será de 20 por 100 000.

Otro dato que lanzó fue que, pese a este aumento, solamente el 1,3% de las muertes denunciadas a la Policía termina en sentencia.

El fiscal subrogante, Alfredo Alvear, da pistas de la causa de esta conclusión. “Él (Alston) no revisó las sentencias de los jueces de la Policía y FF.AA. Allí puede haberse producido la impunidad. Esa área no estaba bajo nuestro control, recién conocimos en enero”.

El fiscal de Pichincha, Marco Freire, sostiene que en su provincia “toda denuncia se resuelve”. Pero este Diario accedió a datos de esa institución y las cifras dicen otra cosa. En el 2008 apenas el 6,3% de casos llegó a sentencia, en el 2009 fue el 6,9% y en lo que va del 2010 alcanzó el 11,6%.

Esos porcentajes se presentan pese a que la Fiscalía conoce menos casos que los registrados en la Policía Judicial (PJ). Mientras en el 2009 la primera de estas entidades investigó 2 286 homicidios (entre agravados y simples), en la PJ hubo 2 625. Esto, pese a que la Fiscalía aclara que allí se conocen presuntos asesinatos, denuncias y actas de levantamiento de cadáveres.

El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Daniel Pontón cree que esta diferencia en las cifras se debe a que no todas las muertes se denuncian. Alston ya alertó eso cuando dijo que en Sucumbíos solo uno de cada tres o cuatro homicidios es reportado oficialmente. Según el Relator, de conocerse todas las muertes, la tasa de impunidad aumentaría.

El estudio sobre el homicidio elaborado por la Flacso en junio último revela que la mayor cantidad de homicidios ocurre en las zonas fronterizas. En la línea entre Ecuador y Colombia, la tasa de muertes es de 36 por 100 000 habitantes. Es decir, la más alta de la región, superada solo por la frontera entre Colombia y Venezuela con 67 por 100 000.

¿Por qué esos casos no se resuelven? Según Pontón, en sectores alejados la gente no reporta las muertes. El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Benjamín Cevallos, lanza otra hipótesis. “A la Policía le corresponde investigar, pero no tiene elementos para hallar culpables. Cuando aparece uno, por distintas razones el fiscal no formula cargos y sin cargos el juez no puede hacer nada”.

Precisamente eso ocurre con la muerte de Raúl V. La PJ de Quinindé inició las investigaciones tras el levantamiento del cadáver, pero estas se frenaron por una reestructuración interna de la institución. El jefe de la Policía de este cantón, Gary Arellano, reconoció ayer que hace dos semanas recién se destinaron nuevos agentes para recopilar evidencias.

En la Fiscalía tampoco se logró determinar posibles culpables, pese a que fenecieron los 90 días de la investigación. En esta entidad declararon dos testigos que esa noche estuvieron en la discoteca. Mientras un amigo de Raúl V. dijo que al mirar el arma huyó del lugar, la conviviente del fallecido indicó que no lo hizo y que él permaneció allí hasta que la persona que disparó saliera. Esas son algunas pistas establecidas.

En la pequeña casa donde vivía Raúl y sus nueve hermanos ahora cuelga su gigante retrato que pintó un amigo. Con ese cuadro, Luisa V. marchó en noviembre para exigir que se aclare el caso.

Según la PJ, Esmeraldas es la segunda ciudad del país en donde mayor cantidad de homicidios agravados se han registrado entre enero y abril del 2010: hubo 98 casos. Guayaquil ocupa el primer lugar con 262 casos.

Una investigación de la Flacso sostiene que el aumento en el número de muertes repuntó desde los años 90, “cuando, por ejemplo, Ecuador dejó de ser un país por donde la droga solo transitaba y se convirtió en una zona de producción”. La situación -dice el análisis- se agravó hace cinco años, con el sicariato. Se calcula que entre el 10% y el 14% de muertes violentas tiene relación con ese nuevo fenómeno.

Anta la falta de agilidad en las investigaciones, Luisa V. y su familia indagaron el caso entre amigos y descubrieron que la persona que asesinó a su hermano cobró USD 1 500. Tras los disparos, clientes de la discoteca ayudaron a Raúl. Lo subieron en un camión y lo llevaron a una casa de salud.

Las balas causaron una hemorragia y murió dos horas después.

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