23 de June de 2010 00:00

Guayas con más presos libres sin condena

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Reds. Guayaquil y Machala

El 95% de presos liberados desde el 2009 por la caducidad de la prisión preventiva estaba procesado por jueces de Guayas. Así lo establece un estudio del Gobierno, difundido ayer por el ministro de Justicia, José Serrano Salgado.

Esos resultados son considerados por el Ejecutivo como uno de los factores desencadenantes de la inseguridad actual.

Según la evaluación, entre enero del 2009 y junio del 2010 se reportó la caducidad de la prisión preventiva en 1 405 casos a escala nacional, supuestamente por la “inacción” de los operadores de justicia. De ese total, 1 346 son atribuidas a los jueces de Guayas y 43 a los de Pichincha. El Oro y Tungurahua tienen cinco casos cada uno. Le siguen Manabí con dos y Esmeraldas, Azuay, Loja y Napo con uno, respectivamente.

La caducidad se produjo en juicios por robos, asesinatos, tenencia ilegal de armas, uso doloso de documentos, violación, tráfico de drogas, etc., según el Ministerio.

Los jueces más cuestionados en este estudio son miembros del Segundo Tribunal Penal del Guayas, con 237 casos; del Tercer Tribunal, con 234; y del Quinto Tribunal Penal del Guayas, con 125.

A ellos se suma una decena de jueces de los Juzgados de Garantías Penales del Guayas. “No podemos seguir un día más en la impunidad de estos jueces (...). Deben ser sancionados y destituidos inmediatamente”, dijo Serrano, tras hacer un llamado al presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, para que se sancione a los judiciales a través de sumarios administrativos.

La Cámara de Jueces Constitucionales salió al paso y criticó el informe del Ministerio de Justicia. Su director, Jorge Guzmán, dijo que este está totalmente equivocado. Afirmó que la caducidad de la prisión preventiva no se produce cuando los procesos están con los jueces de primer nivel, sino cuando los expedientes suben por consultas a las Salas. “Ahí es donde se produce particularmente la caducidad”, dijo.

Sin embargo, Guzmán insistió en que aquello ocurre no porque el juez sea negligente o actúe dolosamente, sino porque los plazos para atender los pedidos de los procesados no son suficientemente largos.

“La delincuencia no se incrementa por una resolución de un juez, sino por falta de políticas criminológicas por parte de los Estados”, señaló Guzmán.

El Ministerio de Justicia enviará esta semana el estudio a la Judicatura para que se inicien las acciones contra los jueces señalados.

Más policías para El Oro

El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, anunció ayer que destinará, hasta julio, 100 uniformados más a El Oro. Durante una visita a Machala, aseguró que los uniformados reforzarán tareas de control del crimen, particularmente casos de asesinatos.

Hace tres semanas, la Policía asignó a la provincia 30 efectivos especializados en trabajos de investigación, tras el crimen de Jéssica Núquez (17 de mayo), esposa del asambleísta (Alianza País) Carlos Zambrano.

“Hasta finalizar el año habrá otro incremento de efectivos”, aseguró Jalkh. El número actual de policías en El Oro asciende a 1 100. De estos, más del 50% está asignado a la capital provincial.

Acompañado del comandante de la Policía, Freddy Martínez, el Ministro anunció también que se revisará la disposición que restringe la tenencia de armas para el sector. Los camaroneros se reunieron ayer con Jalkh y denunciaron que la prohibición del porte de armas les impide protegerse. El Ministro dijo que una brigada especial revisará la tenencia de armas en camaroneras. No obstante, aclaró que el porte de armas no está permitido.

Antes de continuar con su agenda en Los Ríos y Guayas, el Ministro dijo que se reforzarán los controles a quienes prestan dinero por fuera del sistema financiero.

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