16 de March de 2010 00:00

El Gobierno admitió que la Aldhu no justificó el uso de USD 100 000

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Redacción Judicial

La Contraloría informó ayer que no tiene abierto un examen especial a las cuentas de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu).

“Tenemos evidencias sólidas de que existen dos convenios entre la Asociación y los ministerio de Gobierno y Bienestar Social, donde el Estado se compromete a entregar USD 100 000 anuales, desde 1990”, dijo una fuente del ente.

El pedido fue hecho por Fredy Rivera, ex subsecretario de Seguridad Interna del Ministerio de Gobierno, en enero de este año, antes de dejar la Cartera.

Según Rivera, en el 2008 se asignó a la Asociación USD 100 000 cuando solo se había aprobado USD 4 256, como consta en la Pro forma Presupuestaria aprobaba por el Ministerio.

A través del oficio 0766 -del 30 de diciembre del 2009- el director de Gestión Financiera, Diego Gallo, informó que su departamento “desconoce la razón por la cual se consideró el valor de USD 100 000, ya que el Grupo de Transferencias Corrientes fue ingresado en el sistema Sigef, por la Directora Financiera”.

Aunque la Contraloría dice que ya hizo un examen a las cuentas en 2009 y no se hallaron indicios que ameriten “una acción de control contra Aldhu”.

Pero esto se contrapone con el informe que el subsecretario jurídico del Ministerio, Ramiro Rivadeneira emitió el 21 de abril del 2009 sobre la asignación.

Allí asegura que el Estado ecuatoriano, por medio de un Acta Compromiso suscrita por el Ministro de Finanzas y el Secretario General de la Aldhu, el 17 de marzo de 1997, entrego “importantes asignaciones económicas de su presupuesto” a la asociación. Sin embargo, “no constan haberse justificado ni documentado durante el tiempo que se vienen realizando tales erogaciones presupuestarias; ignorándose por consiguiente el destino que han tenido dichos recursos”.

Con base a esta información, el ex ministro Fernando Bustamante solicitó al representante legal de la Aldhu que remita los documentos que “demuestren el cumplimiento del objeto y fines de la entidad, nómina de los actuales miembros y cuadro de directivas de la Asociación desde la fecha de su aprobación”. También las actas de las asambleas, informes económicos de cada ejercicio fiscal, informes de autoría, entre otros. Bustamante formalizó la solicitud a través del oficio nro. 2009-0333-SJ-LUC, del 2 de febrero del 2009.

La Aldhu no entregó toda la información al Ministerio. Por ello el departamento jurídico concluyó que la Asociación “no ha justificado ni documentado el cumplimiento del objeto social y las finalidades de la organización, así como el destino que han tenido los importantes recursos públicos signados por el Estado, a través del Ministerio”.

Además, en el documento se detalla que la Asociación no presentó detalles de sus balances financieros. “Solo constan facturas y cuadros de gastos de servicios básicos para el funcionamiento del organismo durante 2006 y 2007, como pagos por consumo de luz, agua, entre otros”.

El Subsecretario Jurídico del Ministerio agrega en su informe que los ministerios de Gobierno y de Finanzas deben revisar las asignaciones aportadas, toda vez que podría presumirse que los recursos no están siendo utilizados para el objeto autorizado, recomendándose la suspensión definitiva en la entrega de dinero”.

Esta sugerencia se acogió y desdel 2009 Aldhu ya no recibe dinero del Ministerio.

Un integrante de la Asociación dijo ayer que ahora Aldhu se financia con aportes internacionales de organizaciones que promueven la defensa de DD.HH.

Rivera considera que se debería abrir una investigación no solo a Aldhu, sino también a los ministerios de Gobierno y Economía y Finanzas para “determinar responsabilidades” sobre quién aprobó ese desembolso.

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