El pedido no tuvo respuesta. Como parte de las investigaciones sobre el caso Cofiec-Duzac, la Fiscalía pidió recoger la versión del argentino Gastón Duzac, pero no acudió. Ayer, este Diario accedió a la boleta emitida el 23 de octubre pasado y allí la agente fiscal María Susana Rodríguez dispuso recabar información que el empresario pudiese aportar en la indagación.
La diligencia debía realizarse los días 24 y 25 de octubre, desde las 09:00 hasta las 17:00. Estaba previsto que la diligencia se concretara en el Consulado o Embajada de Ecuador en Argentina.
EL COMERCIO llamó a estas dependencias diplomáticas y sus representantes se limitaron a decir que el ciudadano no ha aparece ni ha dado una explicación.
Duzac recibió un crédito de USD 800 000 por parte del banco Cofiec, que se encuentra impago desde junio pasado, y ya se vencieron los 180 días de plazo.
Hasta ahora no se ejecuta el pagaré que dejó de garantía. Por esta causa, el banco le demandó y el proceso se sigue en el Juzgado 24 de lo Civil de Pichincha. Para hoy, a las 09:00, está prevista la audiencia del abogado de Duzac, Julio Plaza, para que rinda la versión acerca de los hechos.
Según la boleta, la disposición de Rodríguez se produjo porque la Fiscalía conoció que el 24 de octubre el empresario argentino iría al Consulado o Embajada.
Pero en esta orden de la agente fiscal no se especifica si la Fiscalía solicitó la cooperación penal internacional, que es lo usual en este tipo de casos.
Este Diario llamó a Rodríguez por teléfono, para consultar sobre el caso y explicó que no se puede pronunciar al respecto.
El jurista y ex fiscal Marco Freire explica que lo más eficiente es utilizar las ayudas internacionales, pues cada país actúa de forma recíproca y, en este caso, puede localizar a la persona, tomar la versión, ubicar dónde está. “Para mi criterio es mejor utilizar esas ayudas internacionales, porque es más eficaz. Al menos cuando era fiscal siempre hice eso. En el Consulado no tienen el personal para localizar a ese Duzac”.
Pero días atrás, el fiscal general, Galo Chiriboga, dijo a la prensa que se buscará “un compromiso de cooperación de un país latinoamericano (Argentina)”.
Entre las recomendaciones que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dio a la Fiscalía también está que con sus pares de Buenos Aires se coordinen acciones para las investigaciones que permitan establecer cómplices y encubridores. Además, aclarar la relación de Duzac con la empresa argentina Scanbuy.
En tanto, en Quito, los dos únicos detenidos por este caso (Roberto S. y Omar U., ex directivos de Cofiec) permanecieron en la Unidad de Flagrancia. Hasta el cierre de esta edición no había una boleta que ordene a qué cárcel debían ser trasladados. Sin embargo, se hablaba de dos posibilidades: el Centro de
Detención Provisional (CDP), que se encuentra en el complejo penitenciario del centro de Quito, o la Cárcel 4, que opera en el norte de la capital.
Pese a los pedidos de los abogados, quienes pidieron medidas alternativas, los jueces de la Corte Provincial resolvieron iniciar cargos por un supuesto peculado y ordenaron la prisión por 90 días.
Las diligencias
La fiscal Silvia Juma presentó como elementos de acusación correos electrónicos entre los directivos de Cofiec, el informe del examen especial que hizo la Superintendencia de Bancos durante el ejercicio del 2011.
Los abogados de la defensa, Emiliano Donoso y Mauricio Ramírez, presentaron un CD con el audio de la sesión del comité bancario del 19 de diciembre del 2011 en el que -aseguraron- se escucha que los detenidos condicionaron el préstamo.
Los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte Provincial resolvieron iniciar instrucción fiscal por peculado (artículo 257 inciso tercero) y ordenaron la prisión preventiva por 90 días, al ser un delito que se sanciona con cárcel de ocho y 12 años.