Entrevista con José Antonio Figueroa, investigador de la violencia.
¿El índice de 18 homicidios por cada 100 000 habitantes se mantiene en Ecuador desde el 2008. ¿Cuál es el escenario de la violencia: el sicariato en el país?
Hay una proporción directa entre el debilitamiento del Estado, la justicia y el aparato policial frente al sicariato, entendido como un ejercicio privado de la justicia. La gama de posibilidad que este abarca es amplia, va desde ‘vendettas’, rencilla familiar, hasta intento de desestabilización.
El sicariato, entendido como pagar para mandar a matar, se basa en ‘vendettas’.Hoy el tema de violencia social en el país está teniendo una significación que va más allá de eso. Cada vez es más evidente que la violencia social está viviendo una connotación política. Un mal indicador de esto es lo que pasa incluso dentro de los aparatos destinados al ejercicio de la seguridad como la Policía. El 30-S fue indicador de que hay un tema gravísimo en el país, respecto al tema de seguridad y violencia social.
En Ecuador, en Los Ríos, se han detectado casos de policías sicarios. ¿Pero de ahí a vincular esa manifestación con el 30-S hay distancia?
La mejor forma de detener el problema del sicariato es a través del reforzamiento del Estado. Si se mira lo que está pasando en México, la relación es directa entre el aumento del ejercicio de la violencia privada y la disminución del papel regulador del Estado. Lo de México es brutal, con el Ejército y la Policía totalmente filtrados por el tráfico; están cumpliendo un papel antiestatal, es decir se privatizaron para el ejercicio de la violencia. Estos son escenarios que a futuro hay que tratar de evitar.
Con la filtración, ¿Ecuador afronta ese riesgo?
Creo que sí hay esa filtración. Pero también se han intentado medidas correctivas. Hay que hacer una reforma profunda de los aparatos judicial y policial. Si bien se ha mejorado condiciones salariales, también hay que buscar una profesionalización, con unos exámenes para que quienes ingresen a la Policía sean los mejores miembros y no lo peores.
¿Cabe hablar de una industria de sicariato en el país?
En América y el mundo hay un factor de desestabilización complicado que es el narcotráfico. Este cumple una función fundamental en las economías nacionales, pero es de manera ilegal. El hecho de que sea ilegal permite un control a niveles insospechados. La masa de capital que se mueve con el tráfico es tan grande y además se mete en condiciones sociales complicadas. Eso ha pasado en México y Colombia y evidentemente pasa aquí. Al narcotráfico le conviene que el Estado no tenga capacidad de control.
En los barrios hay una vinculación directa entre narcotráfico, prestamistas informales de dinero y sicariato.
Sin duda. Estas actividades que manejan muchísimo dinero contribuyen enormemente a que el sicariato se convierta en una práctica cada vez más habitual. Los casos que conocemos son los de México y Colombia.
¿El caso de la masacre en Tamaulipas vincula al narcotráfico, además, con el flujo de emigrantes a EE.UU.?
Yo no creo. No hay una relación automática. Hay que ver el nivel proporcional entre emigrante y actividades ilícitas, entonces el porcentaje de la población extranjera no es significativo para decir que son los que están cambiando los patrones de violencia a escala nacional.
¿Y el flujo de inmigrantes extranjeros a Ecuador?
Pudiera ser. En vista de la apertura del país, mafias internacionales dicen aquí tenemos una oportunidad y vamos a aprovecharla. Pero entonces ojo, el problema es policial y no de migración. La respuesta a eso debe darse vía policial. Se debe detectar a estos sectores que tratan de aprovechar la apertura de fronteras, pero no hablar de los emigrantes, porque se corre el riesgo de juzgar a inocentes. Eso es complicado porque puede producir en la población un efecto xenofóbico. Sería pensar que todo emigrante sería ubicado como potencial delincuente y eso no es cierto. Está demostrado que la migración robustece a los países, conviene a las económicas, a la cultura.
El combate al sicariato no puede ser visto fuera de una política de seguridad.
La violencia social en general es un asunto que se puede ir disminuyendo con medidas estructurales grandes. Eso viene desde el empleo, trabajo focalizado hacia los sectores juveniles, eso tiene que ver con campañas educativas muy fuertes y con reposicionamiento del aparato judicial sin ninguna duda y con una gran profesionalización de la Policía.