Un despliegue de personal de la fuerza pública se evidenció ayer en la audiencia de flagrancia contra ocho militares, supuestamente relacionados en la muerte de tres personas.
Los detenidos llegaron resguardados por policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Seis de ellos se ubicaron en la puerta del Juzgado, dentro de la Policía Judicial de Guayaquil. Los familiares de los sospechosos ingresaron con ellos.
Antes, tres uniformados de la Infantería de Marina con trajes de camuflaje ocupaban el lugar de ingreso. Adentro, un integrante de la Marina y otro de la Fuerza Aérea, esperaban la audiencia, que se instaló a las 17:38. El fiscal Julio Vacacela y el juez Ubaldo Macías dirigieron la diligencia.
Los detenidos son del Batallón de Infantería Nº 5 Guayas. A ellos se los vincula presuntamente con el triple crimen. Los cuerpos se hallaron el pasado 8 de abril. Estaban en unos arbustos maniatados y con disparos en la cabeza en un sector de la parroquia Chongón, de Guayaquil.
En la morgue, familiares de las víctimas: Walter O., Julio A. y Pedro C., denunciaron que un día antes las tres personas fueron retenidas a la fuerza por militares, mientras practicaban deportes. El hecho se registró en la cooperativa Sergio Toral, norte.
La hipótesis de un posible ajusticiamiento se indaga. Dos de las víctimas tenían antecedentes.
Para Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), este caso revelaría cómo se ha vuelto a una vieja práctica que no se ha erradicado.
“Las ejecuciones extrajudiciales son una realidad en el Ecuador, es decir, aquellos ajusticiamientos cometidos por elementos de la fuerza pública y que están como expresión evidente de la violación de los derechos humanos”, manifestó.
Según Jorge Suárez, defensor de uno de los detenidos, el día del crimen la patrulla realizaba un control de armas, “sin pasar por los sitios relacionados al asesinato”. La audiencia seguía al cierre de esta edición.