Fernando Casares, ex fiscal general del Estado entre 1992-1996, sugiere que el informe presentado por el relator especial de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, debe ser acogido por la Función Judicial en todos sus ámbitos.
A su juicio, el omitir lo que señala el informe le significaría al país afrontar sanciones.
El Gobierno dijo que va a tomar en cuenta el informe del Relator Especial de la ONU, mientras que la Fiscalía lo rechazó, ¿qué opina sobre las discrepancias entre las dos partes?
Es una situación delicada porque el Relator vino a Ecuador por una invitación del Gobierno, no en visita turística como dijo el señor Fiscal (general del Estado, Washington Pesántez). Además, los ministros de Justicia y del Interior lo avalaron.
¿Cómo debió actuar la Fiscalía en este caso?
Esa no era la actitud de la Fiscalía, pues debía haber tomado el informe para analizarlo y corregir falencias. Alston es un técnico y si no hay confianza a ese nivel la situación es delicada, porque se evidencia una falta de sindéresis entre la actitud del Gobierno y la del Fiscal.
Si Ecuador omitiese las sugerencias del informe ¿qué secuelas habría?
A lo mejor la ONU tome algún tipo de sanción de carácter moral, que como inmediata consecuencia traería repercusiones de carácter económico y financiero. Me refiero a la posibilidad de préstamos concedidos por gobiernos extranjeros o entidades crediticias del exterior.
¿Se podría pensar en algún tipo de bloqueo?
Algún tipo de bloqueo o ponerle al Ecuador nuevamente en una especie de lista negra como lo que sucedió con lo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el asunto de lavado de narcodinero.
¿Son suficientes las reformas jurídicas que hace el Gobierno para mejorar el sistema judicial?
Sí, pero si son reformas legales elaboradas técnicamente, no con criterio politiquero. Yo creo que en los últimos meses se ha politizado la justicia en el sentido de que ahora hay que cambiar todo lo existente.