14 de February de 2010 00:00

La Fiscalía busca frenar el fallo en caso La Luna

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Redacción Judicial

La Fiscalía presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para dejar sin efecto el fallo penal que absolvió a cinco imputados por delito de explotación sexual en el caso del club nocturno La Luna.

El argumento es que los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia violaron la Ley al acoger el recurso de casación que interpusieron los procesados. Ellos fueron sentenciados en 2008 por el Tribunal Penal Tercero de Pichincha, a penas de entre tres y seis años de prisión por ese delito.

El fallo fue cuestionado por representantes de la Red Antitrata, del Municipio de Quito, de la Dinapen y de la Defensoría del Pueblo. “La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes constituye una de las formas más denigrantes de violación a sus derechos y la manifestación más alarmante de insensibilidad de las sociedades hacia sus niños”, dijo en un comunicado el Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, Compina, al rechazar la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional de que absuelve del delito de Explotación Sexual a los tres implicados.

También pidió que se tomen medidas de protección para las 14 chicas que declararon dentro del proceso judicial.

En 2006, la Policía de Menores (Dinapen) rescató a 14 adolescentes que eran sometidas a diferentes formas de violencia y explotación sexual en el cabaré La Luna, en el sur de Quito. Ese negocio fue clausurado desde entonces.

Margarita Carranco, representante de la Red Antitrata, dijo que durante cuatro años se determinó una veeduría para el seguimiento de casos de explotación sexual y especialmente el de La Luna.

Carranco rechazó la resolución judicial. “Los implicados están libres. Eso es peligroso. Exigimos investigar a los jueces. Además, quiero denunciar las amenazas a tres compañeros de la Red”.

La Constitución de la República establece la responsabilidad del Estado de asumir las medidas que garanticen a los niños, niñas y adolescentes “protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, recordó el Compina.

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