22 de February de 2010 00:00

 La Fiscalía analiza 186 boletas de la Intendencia

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Redacción Guayaquil

El oficio No. 2222-IGPG, de la Intendencia de Policía del Guayas, del 21 de julio de 2009, trastocó la defensa de su titular, Julio César Quiñónez. La Fiscalía inició un proceso en su contra,  por supuestas  emisiones fraudulentas de boletas de libertad en esa entidad.

El escrito tiene una firma atribuida a  Quiñónez y fue remitido al entonces director del Centro de Detención Provisional (CDP).

Su contenido revela que desde esa fecha, el Intendente del Guayas conocía de la emisión de órdenes de excarcelación, solo con el sello de su nombre. Allí se adjuntaron los documentos de liberación de siete detenidos; dos de ellos con  el sello de Quiñónez.

El Intendente, de su lado,  ha insistido públicamente en que nunca autorizó la utilización del sello. Según laFiscalía,  esos documentos favorecieron  a más de 100 detenidos por contravenciones.

“Una boleta de excarcelación no va solamente con sello, va con la  firma original del responsable...”, dijo Quiñónez el 9 de febrero, después de rendir  su versión ante el ministro fiscal distrital, Antonio Gagliardo.

Los peritos de la Fiscalía analizan 186 boletas de libertad para determinar si presentan la misma irregularidad. Allí Quiñónez actuó como juez de contravenciones, facultad que  conceden el Código Penal y los reglamentos del Ministerio de Gobierno.

El funcionario dijo también a Gagliardo que, entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre pasado, fueron emitidas la mayor cantidad de las órdenes de libertad cuestionadas. Pero también las hay del 17 de julio de 2009.

Contó  que el sello que aparece en las boletas con su nombre se perdió en octubre pasado de su oficina y que denunció esa novedad a la Policía. 

Juan Ruales, jefe del Comando Guayas, dijo que eso no fue así.

La colaboradora del Intendente, Karen Coello, señaló que la pérdida fue durante un operativo, pero no dio detalles.

Por esas y otras contradicciones, Gagliardo cree que Quiñónez debe renunciar al cargo porque evidencia presunciones de graves irregularidades administrativas.

El Intendente también es indagado en la Fiscalía General por la denuncia de Jaime Solórzano.

Él lo acusó el año pasado de recibir aportes para su campaña de  asambleísta de 2008,   por parte de la empresa  Invermun, que lidera el negocio de máquinas tragamonedas en Ecuador. Otros funcionarios del Gobierno también están en esta investigación.

 

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