Loly Valladares fija la mirada en el entrevistador. Como preámbulo, deja clara su posición frente al tema: los femicidios en Ecuador pudieron evitarse, pero el silencio, fruto de la sociedad machista, ha sido cómplice de la impunidad. El 41% de crímenes perpetrados por hombres contra mujeres en Ecuador fue motivado por celos u odio de género. Valladares entrelaza los dedos de las manos, apoya los codos sobre el escritorio y no duda al hilvanar sus argumentos.
¿A qué se refiere cuando dice que las muertes violentas pudieron evitarse?
Por lo general, tras los casos de femicidios hay una serie de agresiones previas que no son denunciadas por las víctimas. Esto es grave, porque uno puede saber cómo y cuándo empieza una agresión pero no cómo va a terminar. Hay mujeres que han callado hasta por 20 años y cuando quieren tomar cartas sobre el asunto, las cosas ya se les fueron de las manos. Han perdido un órgano de su cuerpo o incluso la vida.
Las agresiones no son nuevas en el país, ¿por qué no se ha logrado vencer ese miedo a enfrentar a los agresores?Vivimos en una sociedad donde aún se legitima la discriminación y la violencia. Se cree que estas prácticas son normales en los entornos cotidianos como el hogar o el transporte público. Recuerdo a una señora que se acercó a decirme que quería denunciar a su esposo porque violó a la hija. Le pregunté que si hubo una agresión previa y la señora respondió que ella había sido violada durante años; que se lo había aguantado, pero que no estaba dispuesta a permitir que eso pase con su hija.
¿En qué medida la desconfianza en los administradores de justicia influye en la ausencia de denuncias?
Ese es un tema vital, pues el nivel de impunidad frente a las agresiones que sufren las mujeres es altísimo. Los trámites son engorrosos y requieren de recursos económicos que no todas las personas tienen. Peor aún cuando la víctima es económicamente dependiente de su agresor. Aunque es justo mencionar que existen iniciativas que han logrado combatir muchos de estos problemas
Mencione un ejemplo.
En Quito se crearon los denominados centros de equidad y justicia. En un solo lugar, las víctimas pueden hacer denuncias; recibir atención médica, psicológica y asesoramiento jurídico gratuito. Lo contrario a las formas tradicionales de atención, donde no se daba un trato integral y más bien se revictimizaba a la agredida. El Estado debería preocuparse más por abrir espacios similares.
El Estado ha emprendido una campaña contra el machismo, ¿qué tan eficaces podrían ser estas acciones?
Sirven, pero siempre que no sean esfuerzos aislados sino parte de una política integral de prevención. Entiendo que se está siguiendo ese camino y que varias instituciones están trabajando de forma conjunta. No se debe descuidar la importancia de la educación, pues ese espacio es fundamental para promover una sociedad de tolerancia y de diálogo, desde los primeros años.
¿Qué se puede hacer desde el campo jurídico?
Incluir el femicidio en el Código de Procedimiento Penal. En la actualidad, las muertes de mujeres perpetradas por hombres se investigan como cualquier otro crimen, cuando tienen implicaciones y características diferentes. Reconocerlo jurídicamente permite enviar un mensaje a la sociedad: esto va contra la Ley y no puede hacerse. Además, se podría reducir la impunidad porque se establecerían las características del delito para juzgarlo.
Ayudaría también que la Fiscalía pueda investigar los casos de violencia de oficio, sin esperar que haya una denuncia particularEso es parte de la responsabilidad del Estado. Los problemas de violencia en la mujer no deben verse como algo lejano o como algo inherente a la mujer. Es verdad que el Ecuador del 2010 es muy diferente al de 1970, cuando la Ley prohibía denunciar al esposo, pero aún hay cosas por hacer, como la que menciona.
¿Cuál debe ser el papel de la ciudadanía en la prevención de las agresiones?
Entender que la violencia nos toca a todos y todas en mayor o menor proporción. En los hogares, por ejemplo, la mujer no puede ser víctima de la doble o triple jornada de trabajo. Es decir, trabajar durante el día y llegar a la casa a seguir trabajando en su papel de madre y también de esposa.
¿Cómo evitar que el derecho al trabajo o al estudio se convierta, para algunas mujeres, en una carga?
Con la redistribución de roles. No se puede permitir que el esposo llegue a la casa a leer el periódico o a descansar mientras la esposa está obligada a hacer todas las tareas pendientes.
¿Y si la opción de la mujer es dedicarse al hogar?
Perfecto, pero siempre y cuando sea una opción y no una imposición. El hecho de que no estén vinculadas a un espacio público, como la universidad o el trabajo, no quiere decir que no tengan una vida plena. Lo fundamental, reitero, es que esa decisión se haya tomado con libertad.