19 de April de 2012 00:01

Familiares de los ajusticiados dicen temer por represalias

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Llegaron casi rayando la noche. En ese momento, un grupo de jóvenes jugaba en una cancha de voley demarcada con piolas sobre la calle de tierra. Eran aproximadamente las 18:30 cuando la camioneta doble cabina blanca se estacionó en el lugar. Del balde, cubierto con un carpa verde oliva, se desembarcaron ocho hombres con vestimenta militar. Uno de ellos, cubierto su rostro, se adelantó y rastrilló su arma.

El uniformado apresuró el paso para dar alcance a dos jóvenes que acababan de jugar. Los embarcó en la camioneta y, en el trayecto, embarcó a otro morador más. El vehículo partió con los tres, sin rumbo conocido.

El relato que José M. dio en la Fiscalía del Guayas el lunes pasado se asemeja a las versiones que dan los vecinos de la cooperativa Montelindo, del sector Sergio Toral, un sector no consolidado del norte de Guayaquil, donde la patrulla se llevó a tres hombres.

La patrulla militar que realizaba un operativo de control de armas se llevó la tarde del sábado 7 de abril a Julio A., de 19 años; a Pedro C., de 32, y a Walter O., de 22. Los tres aparecieron sin vida la mañana del día siguiente. Los cuerpos yacían esparcidos en medio de unos arbustos, a un costado de una guardarraya del sitio Chongoncito, uno de los caseríos de la parroquia Chongón, en la periferia de Guayaquil.

Según el parte del levantamiento de los cadáveres, estos estaban con las manos atadas hacia atrás. Dos de ellos tenían impactos de bala en la cabeza, y hematomas en el cuello. Julio, el más joven, fue hallado boca abajo.

La Policía detuvo el lunes a ocho militares por su presunta vinculación con los crímenes.

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El martes por la tarde los uniformados rindieron su versión en las instalaciones de la Policía Judicial del Guayas. Fuertemente custodiados declararon el subteniente Nicanor G. -quien lideró el operativo -, el sargento segundo Óscar S., y los cabos Luis N., Julio C., Luis V., Carlos E., Jerson B., y Daniel Ch. El grupo corresponde al Batallón Policial Militar de la Brigada de Infantería N°5 Guayas.

“¡Si son ellos los responsables, que paguen!”, dice con furia contenida una tía de Walter B. “Él siempre jugaba voley los sábados. Entre semana trabajaba para mantener a su mamá y su hermanito que tiene una discapacidad”, relata mirando inquieta hacia fuera. La mujer asegura que recibe mensaje amenazantes a su celular. “La madre de Walter tuvo que irse de aquí por miedo a que tomen represalias”, menciona.

Durante la audiencia del martes hubo indignación. Elena L. intentaba tranquilizar a su nieta en sus brazos. La mujer de 63 años deambulaba con su traje de luto en medio de los policías que vigilaban la sala de audiencias.

Pedro C., su hijo, había salido en la tarde a tomar unas cervezas en la cancha de voley. Esa fue la última vez que lo vio. Una amiga de su hijo le llamó al día siguiente. “Él le debía un dinero y cuando le llamó para cobrarle le contestaron de la Policía. Le dijeron que lo habían encontrado muerto. “Solo quiero justicia por mi hijo… me lo arrancaron de mi corazón… A él le sacaron un diente, le dispararon y le sacaron un pedazo de oreja”.

Luis O. guardó una foto de su sobrino Walter muerto. En la imagen los ojos lucen con hematomas y sin piel en la frente . “Tenía moretones por todo el cuerpo, en la espalda, en el estómago… En la morgue nos dijeron que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico”.

En el parte de novedades, los militares no registraron haber estado en Chongoncito, donde se hallaron los cuerpos.

Luis Toapanta, comandante de la Brigada, aseguró que las patrullas que ejecutan el control de armas portan un GPS manual. El dispositivo, según el militar, tampoco registró la ubicación del lugar donde estaban los cuerpos.

El que portaban los militares no era, sin embargo, el único dispositivo GPS que registró sus desplazamientos. Julio Vacacela, el fiscal que lleva la investigación por los crímenes, solicitó la detención de los uniformados por los datos de ubicación que quedaron registrados en el GPS de la camioneta.

El vehículo es de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil y fue entregado a la Fuerza Terrestre, para los operativos de control de armas en la periferia de la ciudad.

El control de armas

Mediante el   Decreto 749 del 6 de mayo del 2011 las Fuerzas Armadas retomaron el control de armas, que antes estaba a cargo de la Policía. En Guayaquil los operativos se hacen en sectores periféricos.
 
El equipamiento  que usan las FF.AA  para los patrullajes es  un equipo antimotines, chalecos, toletes, cascos y armamento como fusiles, pistolas y carabinas. Seis militares de la patrulla que estuvo el   7  de abril     la Sergio Toral portaban pistolas; y otro un fusil HK. El control de armas está a cargo de la  Policía Militar.


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