15 de July de 2010 00:00

Ex Procurador, acusado de presunto peculado

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Redacción Judicial

Hasta ayer, a las 19:00, la Policía Judicial no recibía oficialmente la notificación para aprehender al ex procurador general del Estado, Xavier Garaicoa.

Por la mañana, el juez Hernán Ulloa, presidente de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, dio a conocer que había ordenado su prisión preventiva, por presunto peculado.

Garaicoa fue llamado a juicio. Según la Fiscalía, él entregó sobresueldos de USD 10 000 a 348 funcionarios, bajo la figura de bono. La primera entrega fue en diciembre del 2007. Los bonos fueron tildados de ‘espirituales’.

Luego se hizo un nuevo aporte, precisamente cuando en la Asamblea Constituyente se aprobaba un Mandato para prohibir ese tipo de desembolsos.

Ulloa, según informó ayer la Corte, señaló que existen bases para iniciar un juicio en contra de Garaicoa, pues él supuestamente avaló la entrega de bonos.Otros tres funcionarios de la Procuraduría también deberán rendir cuentas como presuntos cómplices.

Ellos son César Q., ex director nacional Financiero de la Procuraduría; Ricardo L., ex director nacional de Desarrollo Humano del organismo, y Stalin A., ex director nacional de Capacitación del ente.

Todos deberán responder también por la supuesta entrega no justificada de recursos para la adquisición de edificios.

Según el comunicado de la Corte, se determinó que “el referido ex Procurador, con los informes favorables de los funcionarios ya mencionados, emitió las resoluciones 063 y 084, por medio de las cuales se entregó a la Asociación de Empleados de dicho organismo cuantiosas sumas de dinero para la compra de edificios para escuelas de capacitación del personal, así como para capacitación y crecimiento en pos del desarrollo integral e institucional de los empleados”.

Pero esos inmuebles fueron empleados para otros fines. Un edificio localizado en Crucita (Manabí), por ejemplo, fue adecuado como sitio de diversión y de esparcimiento turístico. Lo mismo ocurrió con otra edificación en las afueras de Quito, en El Tingo.

Según el Ministerio Público, cuando se preguntó a los funcionarios de la Procuraduría ¿por qué hicieron esas compras y repartieron esos bonos?, ellos habrían respondido que la institución “tenía liquidez”.

La Contraloría también abrió una indagación y en su informe concluyó que existen indicios de responsabilidad penal.

“La adquisición de bienes no se apegó a los requerimientos establecidos en la Ley de Contratación Pública y el bono entregado se otorgó contraviniendo la Ley de Gasto Público”, informó la Corte Nacional de Justicia.

Ulloa ordenó también la prohibición de enajenar los bienes de los cuatro funcionarios. Es decir, ellos no los podrán vender o arrendar mientras se desarrolla el juicio en su contra.

Otros 17 integrantes de la Asociación de Empleados de la Procuraduría General fueron absueltos porque, según Ulloa, “sus actuaciones no fueron dolosas y su intervención fue como miembros de la Asociación y no como funcionarios públicos”.

El 19 de diciembre del 2008, el fiscal Miguel Hurtado pidió al Juzgado Noveno de lo Penal de Pichincha que se detuviera a los 17 personeros, pero el pedido se acogió de forma parcial. Solo un ex empleado, César Q., fue encarcelado. Él recobró la libertad en enero del 2009, al considerarse que no era una “persona peligrosa”.

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