Ecuador y Perú encabezan lista con más víctimas de robos en América Latina

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Lima, EFE

Perú es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de víctimas de robos, solo por detrás de Ecuador, y por delante de Bolivia, según el Informe de Desarrollo Humano regional (IDH) 2013-2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al que tuvo hoy, viernes 28 de febrero de 2014, acceso la agencia EFE.

El informe, denominado "Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina", indica que en 2012 el 23,43 % de los peruanos señalaron que fueron víctimas de un robo, una cifra solo superada por el 25,19 % de Ecuador.

Por detrás aparecen Bolivia, con 22,56 %, y Uruguay, con 19,13 %, mientras que Panamá, con un 5,49 %, y Nicaragua, con un 10,71 %, son los países que reportan la menor cantidad de víctimas de robos.

En el caso ecuatoriano, en varias ocasiones el Gobierno ha destacado la reducción de los índices delictivos, especialmente sobre la tasa de homicidios, y los éxitos en la captura de presuntos delincuentes, especialmente a través del plan de los Más Buscados.

El estudio, que ya fue lanzado a fines del año pasado en la sede de la ONU, también ofrece cifras que indican que en 2011 Honduras reportó la mayor cantidad de víctimas de homicidio, con 86,5 por cada 100 000 habitantes, una tasa que solo llegó a 2 por cada 100 000 en Chile, mientras que en Perú fue de 9 por cada 100 000

Los datos del PNUD indicaron, además, que la delincuencia común es considerada la principal amenaza a la seguridad en todos los países de la región, con excepción de Brasil y México, donde lo son el crimen organizado y los narcotraficantes.

El informe remarcó que la inseguridad "es un reto compartido y un obstáculo" para el desarrollo social y económico en América Latina, que en la última década ha sido escenario de una gran expansión económica pero también delictiva.

Esto se debe, agregó, a que pese a las mejoras sociales, la región sigue siendo la más desigual y la más insegura del mundo, ya que en todos los países analizados la percepción de seguridad se ha deteriorado y el robo se ha triplicado en los últimos 25 años.

"Si bien algunas amenazas, como la delincuencia organizada, y especialmente el narcotráfico, suelen ser utilizadas para explicar la inseguridad, las dinámicas regionales, nacionales y locales son mucho más diversas", explicó el principal autor del informe, Rafael Fernández de Castro.

El estudio del PNUD también destacó que la violencia de género es una amenaza persistente y un obstáculo para el desarrollo humano, la salud pública y los derechos humanos en la región.

Entre las recomendaciones que ofrece el informe están alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas, y prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad.

También, disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los derechos humanos, y potenciar la participación activa de la sociedad en la construcción de la seguridad ciudadana e incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes.

Finalmente, atender y prevenir de modo integral la violencia de género, salvaguardar activamente los derechos de las víctimas, regular y reducir los disparadores del delito, como el alcohol, drogas y armas, y fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la cooperación internacional.

La coordinadora residente de Naciones Unidas y representante residente del PNUD en Perú, Rebeca Arias, remarcó el jueves que el organismo "tiene la firme esperanza de que este informe regional... se constituya en un instrumento que contribuya a que los Gobiernos de la región emprendan acciones efectivas en escala nacional y local para una seguridad ciudadana con rostro humano".

El ministro peruano del Interior, Walter Albán, comentó, al respecto, que el informe contribuirá a la elaboración de mejores políticas y líneas de acción sobre la seguridad ciudadana en su país, en el que admitió que se necesitan "mejoras sustantivas" en inteligencia y criminalística para afrontar las nuevas formas de delinquir.

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