Se habló de los funcionarios públicos y se dijo que su “transparencia ha permitido combatir la corrupción”. También, que “Ecuador está a la cabeza en la transparencia dentro del manejo de la cosa pública”. Ocurrió en las denominadas “jornadas anticorrupción” que ayer terminaron en Cuenca, luego de que el lunes fuera inaugurada por ocho organismos de la llamada Función de Transparencia y Control Social.
Cuando ayer comenzaba la última reunión, un informe de Transparencia Internacional 2012 se difundía a escala mundial.
Allí se aseguró que Ecuador está entre los 10 países menos transparentes de América, pues obtuvo 32 puntos sobre 100 que es la calificación para quienes tienen menos problemas de este tipo.
En el mundo ocupa el casillero 118 de 165. En el 2011, Transparencia lo ubicó en el puesto 120 de 182 países encuestados. En la lista de este año se dice que Venezuela es el país con mayores problemas en América.
Un informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) señala que desde marzo del 2010 han receptado 125 denuncias de presuntos actos irregulares y que de la desaparecida Comisión Anticorrupción recibió 304 carpetas.
Sin embargo, el vocal del Cpccs David Rosero señala que heredaron 2 000 carpetas, que en este momento tiene apenas siete investigadores a escala nacional y que no se abastecen “para realizar indagaciones ágiles y dar una respuesta” a la gente que presenta las denuncias en el país.
El diario estatal El Telégrafo sostuvo en su edición de ayer que “durante el 2012, la Secretaría Nacional de Transparencia ha recibido más de 690 denuncias”.
Según esos datos, apenas en siete se han interpuesto sentencias.
Desde Cuenca y tras conocer el informe de Transparencia Internacional, la vicepresidenta del Cpccs, Mónica Banegas, sostuvo que hasta antes del 2008, el país se encontraba “en los primeros lugares de corrupción” y que desde ese año “se hizo que el ciudadano se sienta más cerca de la administración pública a través de veedurías, de que esté pendiente sobre lo que ocurra en la función pública y de esta manera erradicar poco a poco” las irregularidades.
El año pasado, el presidente Rafael Correa señaló que en el 2006, el 86% de la población encuestada tuvo la percepción de que el Ecuador era un país corrupto y que en el 2008 esta apreciación descendió (…) y en el 2010 se registró un 74%”.
No obstante, en casos como la compra de ambulancias, el ex fiscal subrogante Alfredo Alvaer se abstuvo de acusar a la entonces ministra de Salud, Caroline Chang. Esto ocurrió, pese a que la Contraloría determinó un posible perjuicio para el Estado por más de USD 560 000 en la adquisición de 115 vehículos.
El caso del ex ministro del Deporte, Raúl Carrión, investigado por presunto peculado, también sigue en instancias judiciales.
El tema de los radares chinos que la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) compró para detectar vuelos ilegales también continúa en la Fiscalía. Los militares hicieron esa adquisición en el 2009 y pese a que se dijo que era por emergencia, aún no funcionan.
El vocal Rosero explica que de los casos que ha investigado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que competen al actual Gobierno “unas tres docenas son patrocinados por el Consejo”, pero que ninguna de esas causas “son emblemáticas o grandes temas de corrupción, sino son casos aislados, de funcionarios de rangos bajos”.
365 informes enviados a Fiscalía
Datos oficiales de la Contraloría General del Estado que este Diario conoció ayer señalan que en este año se han establecido indicios de responsabilidad penal por USD 17,7 millones. Mientras que el año anterior ese monto era de USD 59,9 millones.
Según información de la Contraloría, entre el 2011 y el 2012 a la Fiscalía General se enviaron 365 informes con indicios de responsabilidad penal.
Mientras que en materia civil, en el 2012 se confirmaron responsabilidades en 358 casos por USD 38 millones. Y en el área civil fueron 570 hechos por al menos USD 489 000.
Ayer, Transparencia Internacional denunció que el crecimiento económico en la mayoría de los países de América Latina no va acompañado por una mejora en la democracia ni por un descenso en los niveles de la corrupción.
“La corrupción afecta el buen funcionamiento de los programas sociales, influye en las elecciones, debilita la democracia, fomenta la violencia y permite operar al crimen organizado, manteniendo a la región como una de las más desiguales y violentas del mundo”, resume el organismo.
De los 176 países calificados en una escala del cero (muy corrupto) al 100 (muy transparente), el latinoamericano mejor ubicado volvió a ser Chile, que sube dos puestos desde el año pasado y ocupa el lugar 20 con 72 puntos.
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