El dirigente Sergio Toral tiene orden de detención por el presunto delito de tráfico de tierras. Ayer, el Juzgado Vigésimo Noveno de Garantías Penales ordenó la prisión preventiva para Toral, Ángela López y María Santana. La solicitud de prisión la hizo el fiscal de Delitos Flagrantes Francisco Botero, quien investiga a las tres personas por los delitos de estafa, tráfico de tierras, usurpación, porta y tenencia de armas, y extorsión.
Con lo dispuesto por el Juez, son ya seis las personas con órdenes de detención, dentro de las investigaciones por el tráfico de tierras. Los otros tres son Balerio Estacio, su hermano Tony, y Marcos Solís. Solo el primero se encuentra actualmente detenido. Balerio Estacio, ex asambleísta de País, está recluido en la Penitenciaría del Litoral desde el pasado 30 de diciembre.
Mientras tanto, los perjudicados por la compra de tierras en zonas no consolidadas en el noroeste de Guayaquil seguían ayer acudiendo masivamente a la Fiscalía adjunta a la Policía Judicial del Guayas. Hasta el lugar llegaban para presentar sus denuncias en contra de dirigentes.
Ayer, desde muy temprano, decenas de perjudicados hacían cola en las afueras de la Fiscalía.
Con documentos y copias de recibos, aguardaban para presentar sus denuncias. Hasta las 11:00, unas 30 personas esperaban impacientes para ser atendidos. La mayoría había sido desalojada por los operativos dispuestos por el Gobierno.
En el interior de la oficina de recepción de denuncias, el pequeño espacio quedó estrecho debido a la avalancha de denunciantes. Los cuatro cubículos destinados normalmente para la recepción de las quejas, ayer se incrementaron a nueve.
Los agentes receptaban un promedio de siete denuncias cada hora. Ayer, en un entrevista televisiva, el fiscal distrital del Guayas, Antonio Gagliardo, mencionó que son alrededor de 400 las denuncias presentadas contra los hermanos Balerio y Tony Estacio, Marcos Solís, Sergio Toral, “y otros nuevos dirigentes que van saliendo en las denuncias”.
Entre las acusaciones de ayer, se mencionaron a secretarias, delegados, y personas cercanas a los dirigentes investigados.