25 de January de 2011 00:00

El Estado destina apenas USD 18,9 anuales a la salud de cada prisionero

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La puerta de malla metálica solo se abre cuando llega el psiquiatra o cuando entran los guías que custodian a los presos. Este portón es la última seguridad para entrar a la Clínica de Conducta del ex Penal García Moreno (centro de Quito).

Detrás están dos puertas oxidadas más que se debe pasar. Estas tienen pequeños orificios que los celadores utilizan para vigilar a los internos (45) que se tratan por adicción a las drogas.Desde adentro se escuchan gritos de los prisioneros “¿Quién es el que está allí? Entra y te cogemos”, dice un hombre alto. “No se asuste con ellos. No hacen daño”, responde un guía que viste botas negras y uniforme camuflaje.

Para tratar las enfermedades, cada preso (en el país hay 13 000), anualmente recibe USD 18,9. Sin embargo, Elías Dávila, líder nacional de Procesos de Salud de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), dice que lo óptimo sería entregar de USD 25 a 30 cada año.

Alexandra Zumárraga, quien hasta el jueves de la semana pasada fue principal de la DNRS, defiende el monto asignado y dice que en el 2007, cuando comenzó este Gobierno, para salud cada preso recibía 8,2 USD anuales. “Nadie daba nada. Los presupuestos que teníamos anteriormente eran bajos”, dice Dávila.

Los USD 18,9 de cada interno se utilizan exclusivamente en medicamentos e insumos. Pero faltan médicos. La cárcel de mujeres, en El Inca (norte de Quito) no cuenta con ginecólogos, pese a que 310 internas pagan sus penas. Hace dos meses, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció que María C., una extranjera detenida en el lugar, no recibió “atención médica adecuada y gratuita, acceso a medicamentos ni exámenes de especialidad”.

Según el organismo, a la detenida le detectaron riesgos de anemia, un quiste en el seno izquierdo y miomatosis, una enfermedad que causa hemorragia abundante en períodos menstruales.

Además, se le diagnosticó una hernia. Para confirmar este cuadro clínico los médicos recomendaron realizarse una endoscopia, pero -según Inredh- el examen no se hizo porque no tenía dinero.

Dávila reconoce este caso, aunque sostiene que la interna “no accedió rápidamente al tratamiento por problemas en el propio Ministerio de Salud”.

Los gritos desde el patio de la Clínica de Conducta no cesan. Desde un hueco se ve a gente que en el pequeño espacio camina lentamente de extremo a extremo. Otros, que llevan pantalones cortos y sandalias, se sientan en las veredas y reciben sol. Uno de ellos hace de peluquero y en una esquina improvisa una sala para cortar cabello.

¿En una clínica blindada con rejas e instalada en un lugar lleno de maleza se puede recuperar a un interno adicto a drogas? Zumárraga responde sí. “Son espacios que no se los ve físicamente como bonitos, pero para las personas privadas de libertad son buenos. La gente quiere ir allá para estar fuera de la contaminación de droga y violencia. Las rejas son estrictamente por seguridad”.

Pero médicos especializados en psiquiatría tienen otra versión. Dicen que deben ser espacios adecuados para recuperarse y que sin ellos no hay rehabilitación (ver punto de vista).

A esto se suma que no todas las cárceles del país tienen clínicas de rehabilitación. En la DNRS se calcula que solo la mitad cuenta con este servicio. En los 42 centros que operan en el país (entre cárceles, Centros de Detención Provisional y Casas de Confianza) trabajan 65 doctores, pero se requiere un 50% más.

En el Centro de Detención Provisional de Quito, Isabel Verdezoto e Iván Maldonado son los únicos que atienden a un promedio de 500 presos que pasan por allí.

Allí se requieren, por ejemplo, antigripales, pero el stock se agotó. Por la humedad y el hacinamiento, las enfermedades más frecuentes son las infecciones de las vías respiratorias.

Datos de la DNRS revelan que esta es una afección que se repite con frecuencia en todos los centros. En el 2010 se presentaron 8 525 casos en el país. También hubo 1 866 casos de trastorno mental (ver cuadros).

En el ex Penal, los problemas son similares. Hasta ayer, allí estaban recluidas 884 personas y solo existen tres galenos. El espacio del centro médico es reducido.

En Rehabilitación se anunció que la semana pasada llegarían nuevas camillas. Incluso un equipo del Ministerio de Justicia acudió al lugar, pero hasta ayer no se concretaba el ofrecimiento.

Un interno, quien cumplió la sentencia en el ex Penal, cuenta que pese a las urgencias médicas, los presos que necesitan acudir a un hospital deben obtener un permiso de la DNRS y que ese trámite dura hasta cinco días. “Veía cómo la gente estaba botada en las celdas y se quejaban del dolor hasta que alguien les auxilie. Cuando había apuñalados se daba tratamiento primario y esperaban a ver cómo se recuperaba”.

La infraestructura de las áreas médicas también se deteriora. En la Penitenciaría del Litoral, las propias autoridades de Rehabilitación Social detectaron que en el Policlínico vivían hasta gatos.

Pese a su alto nivel de contagio, los pacientes con tuberculosis se recuperan junto con otros que tienen dolencias leves y los médicos atienden en los pasillos.

Puntos de vista

Beatriz Villarreal /  Coord. Inredh

 ‘No hay campos de trabajo’

Aumentar el tiempo de la prisión preventiva no ayudará a la rehabilitación del detenido. El problema es más jurídico antes que una respuesta a la verdadera rehabilitación. Al interior de las cárceles hay muchas necesidades.

No hay campos de trabajo y hay déficit en cuanto a salud. Constatamos muchas veces personas detenidas con enfermedades graves, pero sacarlos a los hospitales es toda una tragedia. Como que no se ataca en todos los ámbitos a la rehabilitación social.

La demora de los trámites jurídicos no es por los detenidos, sino por una administración de justicia que se entorpece a cada rato.

Al interior de las cárceles, el detenido más bien está propenso a toda limitación. Por ejemplo, cada detenida adentro no tiene condiciones ni para su sustento, peor si tiene a cargo una familia.

Cuando la gente sale de la cárcel no hay un real sistema de readaptación a la sociedad, porque no está preparada psicológica y económicamente.

Planteamos que se aumente el presupuesto y pedimos que haya atención en la salud. Hay coordinación entre los respectivos ministerios, pero aún no se ponen de acuerdo los mandos medios.

Iván Riofrío /  Psiquiatra

 ‘Se necesitan  profesionales’

Las terapias    psiquiatras de los pacientes  en áreas muy restringidas y sin condiciones  no son las más   adecuadas. Hay personas detenidas por delinquir y tienen una enfermedad mental. De acuerdo con los artículos 32 y 34 del Código Penal hay que evaluar la capacidad de cada  paciente.

Se debe  considerar que algunos pacientes  presentan cuadros de auto o  heteroagresividad. Aquello  obliga a tomar medidas para  precautelar al   detenido   como paciente y a  la gente que esté alrededor.   Las personas pueden   sufrir  desde cuadros de ansiedad hasta trastornos psicóticos, incluso muy  independiente  del tiempo de detención que establezca la ley.  

 

En  las  cárceles es  delicado el manejo   de un paciente por la  peligrosidad que    puede representar  ante sus trastornos. Están expuestos médicos y otros detenidos a ser  objeto de constantes agresiones.

 Por eso se  necesita  todo un equipo de profesionales en salud mental. Además, se debe utilizar  técnicas        psiquiátricas y   psicológicas sobre  el manejo de las   patologías.    La propuesta  del Presidente  (Rafael  Correa)   de   crear centros de atención psiquiátrica para el  detenido  se  acoge a las normas del derecho humanitario.

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