5 de December de 2010 00:00

La delincuencia deja un saldo costoso y traumático en la salud de la víctima

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Geovanny Tipanluisa.

El hombre se bajó de la moto y con una pistola apuntó a la cabeza de Marco Landeta (nombre protegido). Él solo vio cómo el desconocido apretaba el gatillo y descargaba una bala que rozó su cabeza.

“Quédate quieto; dame lo que tienes allí”, exigió el desconocido. Entre insultos le quitó los USD 3 000 que 20 minutos antes había retirado de un banco, en la Panamericana Norte de Quito.

Al escapar en moto, el desconocido descargó otra bala en el brazo izquierdo de Landeta. Esa es la última escena que recuerda del asalto ocurrido a dos cuadras de su casa, en Carcelén.

Pero su pesadilla no terminó. Despertó en una cama del Hospital Pablo Arturo Suárez, con la cabeza vendada y el brazo inmóvil.

Desde ese 27 de febrero del 2008 debió someterse a cuatro operaciones que le dejaron otras secuelas económicas: por las cirugías y medicamentos se endeudó en USD 17 000; por una platina para el brazo pagó USD 3 000 y debió comprar dos. “Para la operación me pidieron que fuera a la farmacia y adquiriera insumos”.

Un documento publicado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) hizo un análisis del costo económico de la atención médica de las víctimas. Con base en un seguimiento al Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, refiere que “el costo promedio de hospitalización de personas que han sufrido algún acto violento es de USD 800 diario”. Según la Policía, de enero a octubre de este año, la delincuencia dejó 3 579 heridos en el país.

Atender las secuelas por tentativa de violación, plagio, secuestro exprés, acoso sexual, tentativa de asesinato y homicidio, etc., cuesta USD 160 al día. Los cuidados más caros tienen relación a violaciones: USD 1 600 por dos días de tratamiento (ver cuadro).

El cálculo de los costos se realizó con base en los precios de los medicamentos y la pérdida que ocasiona la ausencia de la víctima en el trabajo. A Landeta, el asalto le alejó del negocio que creó hace 16 años: la carpintería. Tiene 43 años, pero el día del robo perdió la movilidad parcial de su brazo.

Sigue endeudado en USD 17 000, los cuales, para la recuperación, obtuvo a través de familiares, vecinos y tarjetas de crédito. Antes del asalto sacó USD 10 000 de un banco para invertir en su negocio. Esa cuenta tampoco la ha podido saldar. “Los empleados del banco han venido a la casa y les he dicho que no tengo con qué cancelar, que no puedo trabajar y que si quieren se lleven las máquinas”, cuenta Landeta.

Por miedo a represalias, no denunció el hecho a la Policía. El ataque de esa mañana le provocó temores que no ha superado totalmente. Enrique Aguilar es un psiquiatra y docente universitario que ha estudiado las secuelas psicológicas. “Estas reacciones son comunes luego de un hecho violento. Si los efectos duran hasta un mes lo llamamos síndrome de estrés agudo. Si va más allá de ese lapso lo denominados síndrome de estrés pos traumático y el tratamiento es farmacológico”.

Aguilar también es director del área de Salud Mental del Ministerio de Salud y reconoce que en esa Secretaría de Estado no existen programas para ayudar a la salud mental de las víctimas. “Sí tenemos políticas en temas de violencia, pero más trabajamos en violencia intrafamiliar. En lo otro tiene que ver la Policía”, dice, refiriéndose a la atención a las víctimas del delito.

Roberto Delgado tampoco recibió asistencia psicológica. En marzo fue asaltado en el parque Cevallos (centro de Ambato).

Cerca de las cinco de la tarde caminaba solo hacia su casa, cuando dos hombres se acercaron y antes de robarle su iPod, uno de ellos le clavó un puñal en la pierna izquierda, causándole una herida de cuatro centímetros de profundidad. Mientras sangraba copiosamente, caminó 20 metros. Los ojos se le oscurecieron y se desmayó. Dos personas lo ayudaron. Por ello, Jorge Arteaga, socorrista de la Cruz Roja, dice que la gente debe conocer de primeros auxilios y saber, por ejemplo, cómo parar las hemorragias (ver infografía).

En caso de heridas de bala en la columna, dice Arteaga, la víctima debe ser tratada solo por paramédicos, pues hay riesgos de que un movimiento errado cause paraplejia. Delgado recuerda que cuando despertó estaba en emergencias del Hospital Regional de Ambato. El joven dice que después del ataque no podía caminar solo por las calles. “Tenía una sensación de que alguien me seguía. Miraba de un lugar a otro”.

Un temor similar experimenta Jorge Viera (nombre protegido). La mañana del 18 de noviembre fue asaltado en el sur de Quito. Mientras cambiaba el aceite del taxi, un hombre se acercó y le clavó un cuchillo en el cuello. Eran las 10:00 y media hora después ingresó a urgencias del hospital Eugenio Espejo.

Entre enero y octubre de 2009, en esa casa de salud se internaron 65 personas atacadas con arma de fuego y 181 por arma blanca. En el mismo período del 2010, por ambas causas se hospitalizaron 238 víctimas. Estas son las dos formas frecuentes para asaltar a las víctimas. En 10 meses de este año, a escala nacional se presentaron 12 745 robos a personas.

Fabián Romero es cirujano de emergencias del Eugenio Espejo. Lleva 13 años en ese puesto y dice que los traumas por asaltos y robos corresponden al 5% del total de atenciones en urgencias.

Romero atendió a Viera. Luego de chequearlo le contó a su esposa, Rosario M., que el paciente se hallaba estable. Aún nerviosa, la señora contó que no es la primera vez que son asaltados; y que por denunciar los robos fueron amenazados por desconocidos. “No sé cómo dieron con nuestra casa y nos dijeron que nos cuidáramos”.

Landeta, en cambio, no recibió amenazas, pero tampoco acusó a nadie. “Para qué voy a hacerlo si después, del miedo, yo mismo tendré que retirar la denuncia”.

Según un estudio de la Flacso, realizado en seis países de América Latina, incluido Ecuador, el costo por atención médica a las víctimas de la inseguridad se estimó en USD 2 000 millones.

También se calculó en USD 17 000 millones “la destrucción del capital humano por muerte prematura o discapacidad entre víctimas de hechos violentos”.

Solo en Quito, cada año se invierten más de USD 3 millones en la cobertura médica de hechos violentos (ver tabulado). Además, se establece que los costos de la violencia a escala nacional representan “una cantidad superior a los USD 2 000 millones”.

En el Eugenio Espejo, los familiares de Viera van de un piso a otro. Llevan placas y exámenes. Dicen que el hospital sí cubre los gastos. Roberto Delgado, en cambio, pagó USD 20 en antibióticos, para impedir infecciones en su herida. “El día en que me asaltaron estábamos en las fiestas de Ambato. Entonces había bastantes pacientes en emergencias. Recuerdo que llegó otro señor apuñalado y a mí me limpiaron la herida y me mandaron a la casa”.

Andrés Corral, director del Pablo Arturo Suárez, en donde operaron a Landeta, dice que sí tienen medicamentos. No obstante, reconoce que aún hay productos que “el paciente debe adquirir”.

Por circunstancias como estas, la deuda de Marco Landeta se elevó. Ahora, él trata de que alguien lo contrate como chofer. Está desempleado desde el 2008. La platina en el brazo le impide volver a su oficio de carpintero, pues no puede hacer esfuerzos mayores.

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