No es difícil anticipar el resultado de la consulta que hará el Gobierno para reformar la normativa constitucional sobre la caducidad de la prisión preventiva, la sustitución de penas y la eliminación de la “ciudadanía universal”, entre otras. La frustración de la población se encauzará al endurecimiento de normas, tal como ya se puede leer en recientes encuestas en manos de los políticos.
En cuanto a la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden público a discreción del Ejecutivo, se intentará regularla con una reforma legal, pese a que el ar-tículo 138 de la Constitución señala que “la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía”.
Tras las reformas, el Gobierno se fortalecerá políticamente. ¿Pero será suficiente para resolver el ya admitido déficit de gestión frente a la inseguridad? No lo será, si se mantiene un esquema de concentración de poder que no solo resta responsabilidades a las entidades del Ejecutivo sino a las numerosas funciones que deben luchar globalmente.
El presidente Correa anunció que en el 2011 se pondrá como tarea, “prácticamente excluyente”, el combate a la inseguridad. Pero si no se involucra a todos los estamentos, se agudizará el esquema lesivo de estos años. Si no se supera el déficit de institucionalidad, producto de la delegación hacia arriba, el círculo vicioso jamás se romperá.