11 de July de 2010 00:00

Datos que, según Contraloría, obvió el juez

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Redacción Judicial

Las ambulancias que el Ministerio de Salud recibió entre febrero y abril del 2008 reportaron daños en menos de un año. El examen realizado por la Contraloría desde el 9 de septiembre de ese año determinó que 39 de los 115 automotores adquiridos a través de emergencia estaban deteriorados.

En la página 37 (son 45) del informe, el organismo de control determinó que las ruedas y bases de las camillas, los remaches de los cinturones y el piso de los autos estaban rotos. Además, encontró que los focos inferiores de las balizas y del rotativo posterior se quemaron.La Contraloría indicó que las ambulancias no contaban con mascarilla para el oxígeno ni convertidor de energía de 110 a 220 voltios, para usar termocunas, por ejemplo. “La rotulación externa no fue pintada, pusieron logotipos adhesivos fácilmente desprendibles”, se dice en el examen especial que llegó a la Fiscalía General del Estado.

Entre otras, estas fueron las causas para que la entidad determinara indicios de responsabilidad penal en contra de ex funcionarios del Ministerio de Salud y de Teodoro Roldán, gerente de Euromedical, firma que vendió los automotores en USD 3,9 millones, tras una adjudicación cuestionada por la Contraloría.

Esta empresa fue señalada en el informe de la Contraloría, porque -según reza en el informe- “no demostró tener la solvencia económica y técnica a la hora de firmar el contrato”. El 29 de marzo del 2007, cuando se suscribió el convenio entre Salud y Euromedical, Roldán “no contaba con un taller especializado para ensamblar y adecuar ambulancias”.

Pese a ello, el entonces director de Desarrollo Organizacional de Salud, Luis Bedoya, aseguró, dentro del proceso precontractual, que “Euromedical cuenta con experiencia para ensamblar y adecuar ambulancias y con el automotor completo para entregarlas”. Lo hizo en el memorando SDO-10-0926-2007, del 12 de noviembre del 2007 y dirigido a la ministra de Salud, Caroline Chang. Él también dijo que Roldán tenía el parque automotor completo.

Sin embargo, el 28 de noviembre de ese año Roldán admitió que no tenía ni infraestructura para ensamblar ni los vehículos a su disposición. Informó a Salud que Asiauto (vehículos Kia) le había entregado una carta de compromiso para entregarle furgonetas y dijo que esta contaba con 14 talleres. Al final, la adecuación de 115 furgonetas en ambulancias fue realizada en la empresa Capaba de Ambato.

La Contraloría consideró que los indicios de responsabilidad penal se establecen por una suma de irregularidades. Otras son que para adjudicar el contrato a Roldán hubo tres procesos fallidos anteriores. El 14 de noviembre del 2007, el entonces presidente del Comité de Emergencias, Ernesto Torres, invitó directamente a Roldán, en lo que sería el cuarto proceso. Ese día se definió la base presupuestaria en USD 3,9 millones para la compra.

Un mes después, el Ministerio adjudicó a Roldán las 115 ambulancias, porque la oferta era “conveniente para los intereses nacionales e institucionales”. Él cobro USD 3,9 millones, sin IVA.

El ente de control concluyó que si Salud adquiría las furgonetas directamente a Kia pudo ahorrase USD 561 227. Ese es el monto que se determinó como posible perjuicio al Estado.

Este Diario buscó una versión de Roldán, pero respondió que su abogado maneja el tema.

En un comunicado de dos páginas difundido en la página oficial del Ministerio de Salud, se explicó que la invitación directa a Euromedical se hizo “luego de un análisis de mercado y revisión de proveedores calificados”.

En ese documento, la Cartera de Estado rechazó los “comentarios malintencionados” de que las ambulancias son lentas. No obstante, la Contraloría detectó precisamente esa falencia. “Como el combustible es a diésel, son lentas para utilizar en carreteras”.

Con base en esta información, la Fiscalía comenzó una investigación, aunque el 1 de julio el fiscal subrogante Alfredo Alvear se abstuvo de acusar a Chang, pues señaló que no hay un informe acusatorio de la Contraloría.

Los otros involucrados sí fueron acusados por la Fiscalía, pero el presidente de la II Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Luis Quiroz, los sobreseyó provisionalmente, por falta de pruebas.

La Contraloría denunció al juez, porque no escuchó sus argumentos ni tomó en cuenta su informe, en el cual constan seis nombres y sus actuaciones.

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