Cuatro veedores procesados van a juzgamiento este 7 de mayo

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Red. Seguridad y Justicia

Hoy, 7 de mayo, está previsto que se realice la audiencia de juzgamiento en contra de los cuatro veedores que analizaron los contratos del hermano del Presidente, Fabricio Correa.

Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portillo y Víctor Hugo Hidalgo son investigados por el presunto delito de falso testimonio. Este caso se inició en mayo del 2012, luego de que presentaran su informe a la Contraloría y al Consejo de Participación Ciudadana, en el que aseguraron que el presidente Rafael Correa sí conocía de los contratos de su hermano. Además, establecieron un supuesto perjuicio al Estado de USD 143 millones.

Esto fue refutado por el Mandatario y dijo que él nunca estuvo al tanto de los convenios de su hermano mayor. Por ello, planteó la querella penal. En septiembre pasado, la justicia los llamó a juicio.

A la diligencia judicial de hoy, por pedido de la fiscal de la causa, Cecilia Garzón, fueron llamadas como testigos algunas autoridades estatales, entre ellas, la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Marcela Miranda, y el presidente Rafael Correa. Él, como demandante y por su cargo, podrá rendir su testimonio mediante un informe escrito y juramentado, según lo que establece el art. 226 del Código de Procedimiento Civil.

Mientras que por la parte acusada, representada por Ramiro Román, han sido citados, entre otros, los exministros de este gobierno: Alberto Acosta, Jorge Marún, María de los Ángeles Duarte y Diego Aulestia. Asimismo, fueron convocados el procurador Diego García y el contralor Carlos Pólit.

Estos dos últimos testigos servirán para probar el supuesto perjuicio al Estado. Román dijo que sus defendidos basaron su trabajo en informes realizados por la Contraloría y la Procuraduría.

Precisamente, los informes de la Contraloría y de la Procuraduría General del Estado determinaron irregularidades en los contratos suscritos por las empresas vinculadas con Fabricio Correa. En septiembre del 2009, Pólit señaló que en la auditoría "se ha evidenciado la inobservancia de expresas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública señaladas en su artículo 23".

Los contratos revisados superaban los USD 167 millones. Los auditores adicionalmente determinaron en siete exámenes especiales responsabilidades civiles, administrativas y penales. Incluso, la Procuraduría dio por terminados los convenios entre las empresas vinculadas con Correa y el Estado.

2 años han pasado desde que se inició el proceso judicial en este caso.

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