21 de February de 2012 00:00

Un crimen reabre casos de secuestro

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El asesinato de Sigifredo Ibarra actualizó el tema del secuestro en Tulcán: su hijo Orlando, propietario de una empresa de transporte de carga, fue raptado en el 2010.

El 31 de enero pasado, Sigifredo Ibarra fue baleado en Ipiales (Colombia) por desconocidos, mientras supuestamente negociaba la liberación de su hijo, según la Policía. Se desconocen las causas por las que fue baleado.

La familia de la víctima considera que Orlando Ibarra estaría retenido a la fuerza en un campamento de las FARC, en la selva del Putumayo, en Colombia. En la denuncia se asegura que fue plagiado por desconocidos. “Varias personas armadas ingresaron a una bodega de la empresa, ubicada en Ipiales, y se lo llevaron”, aseguró una persona allegada.

La Policía del departamento de Nariño, Colombia, indicó que el empresario fue raptado en el mismo lugar donde en junio del 2010 se produjo una explosión, que destruyó parcialmente la edificación de su empresa de transportes. Según los investigadores, esta fue una medida de presión por parte de los supuestos plagiadores. Pero la desaparición de Ibarra, por presunto plagio, no es el único caso de este tipo en Carchi. En diciembre del 2010 también fue raptado el agricultor carchense Wilson G., mientras visitaba una hacienda, ubicada junto a la vía Julio Andrade-El Carmelo, Carchi. Después de 40 días, él fue rescatado por la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía (Unase), en el sector fronterizo de La Palma (Colombia), frente a La Bonita (Sucumbíos).

Según la Policía, Wilson G. estuvo retenido a la fuerza por supuestos integrantes del Frente 48 de las FARC. La hipótesis surge porque uno de los plagiadores se identificaba como alias ‘Euclides’. Mediante llamadas telefónicas a la familia de la víctima, el hombre decía que era jefe de finanzas del frente guerrillero. La víctima contó que permaneció encadenada.

En el operativo de rescate, en el cual intervinieron policías de Colombia y Ecuador, fueron detenidas tres personas: Elías P., Alberto L. y Fernando V. Este último relató que fue amenazado de muerte por los captores de Wilson G.

Agregó que entregaba cartas para exigir el pago de USD 350 000 para liberar al secuestrado.

Otro caso similar, que investiga la Policía de Carchi, es la desaparición de los cuencanos Celso N. y su sobrino, Mauricio M. Ellos se dedicaban a la comercialización de joyas en Tulcán.

Aún se desconoce su paradero. La última vez que se supo algo de ellos fue en diciembre del 2010. Las autoridades policiales presumen que fueron plagiados por el dinero que llevaban.

En julio del 2010, un ecuatoriano de 25 años también fue rescatado por unidades la Policía colombiana, en la zona rural del Municipio de Túquerres, en el departamento de Nariño. “Liberaron al ecuatoriano mientras lo trasladaban, en un vehículo, por una vía rural”, cuenta la Policía.

Ahí fue capturado un hombre de 41 años, a quien se le decomisó una pistola con que supuestamente amenazaba a su víctima.

Los plagiadores exigían USD 250 000 a los familiares del joven, para liberarlo. Según las estadísticas de la Policía Judicial, el año pasado se denunciaron 29 casos de plagio en la frontera.

La mayoría ocurrieron en la zona rural del Carchi y han sido ejecutadas por bandas integradas por ecuatorianos y extranjeros.

En Ipiales hay sicariato

Cuatro casos de sicariato conmocionaron a Ipiales, Colombia, en diciembre del 2011. Pese a que las autoridades de la ciudad afirman que esta modalidad de delincuencia no es frecuente, en un día ocurrieron los cuatro crímenes. En Tulcán, en cambio, a inicios del 2009 se conoció de un solo asesinato bajo esta modalidad. El abogado Jorge García fue victimado con un disparo en la cabeza, en el centro de la ciudad.

Durante 15 días, el abogado recibió amenazas que se concretaron con su asesinato, aseguran sus allegados. En noviembre de ese mismo año el abogado Marcelo Novoa fue asesinado de dos disparos afuera de su casa, en Tulcán.

El abogado se desempeñaba como depositario del Consejo de Sustancias Sicotrópicas y Estupefacientes. Según María Helena Villarreal, gobernadora de Carchi, los casos de sicariato en la provincia son esporádicos. Pero reconoce que las ‘vacunas’ sí son comunes. Dicha modalidad la usan desconocidos para extorsionar a campesinos. El pago garantiza que familiares de los extorsionados no sean secuestrados.

La mayoría de agricultores que desarrollan esta medida no ponen denuncias por temor a represalias. Las víctimas de esta modalidad están en las zonas fronterizas de Tulcán, Huaca y Montúfar.

Según una fuente de Inteligencia policial que prefirió el anonimato, los extorsionadores envían misivas, con membretes de las FARC, para intimidarles. Pero se ha comprobado que en algunos casos los sellos son falsificados.

Punto de vista
Gregorio C. / agricultor
‘Hay que pagar cada seis meses’

Una llamada por teléfono cambió radicalmente mi vida. Han transcurrido más de 10 años y aún tengo que pagar una mensualidad para no ser secuestrado.

Los pagos son acumulados cada seis meses y la cantidad depende del precio de las papas y de la producción de leche que se genere en mis haciendas ganaderas.

Puedo olvidarme hasta la fecha de mi cumpleaños, pero no del día en el cual tengo que pagarles a los desconocidos. Los retrasos me han traído serios problemas.

Una vez no pude reunir los USD 5 000 que me pedían y secuestraron fugazmente a mi nieto de 7 años. Ese fue el mecanismo de presión que encontraron los extorsionadores.

El plagio del pequeño fue solo el primer aviso: si en cinco horas no entregaba el dinero, lo matarían.

Desde aquel día no me atraso en los pagos porque sé que está en riesgo la vida de cualquiera de mis seres queridos. Es preferible pedir prestado o sacar un préstamo en el banco antes que incumplir con el compromiso que adquirí en contra de mi voluntad.

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