28 de December de 2012 00:03

La Corte Nacional se limitó a decir que Judicatura responda por jueces

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El presupuesto original para la Veeduría Internacional se fijó en USD 555 700. El Ministerio de Justicia y el Consejo de Participación (Cpccs) incluso establecieron los parámetros bajo los cuales se moverían los observadores. Ocurrió cinco meses antes de queel equipo internacional, encabezado por el ex juez Baltasar Garzón, arrancara su vigilancia a la reforma judicial en el país.

El 20 de octubre del 2011, el Cpccs y el Ministerio de Justicia dispusieron que los observadores hagan cuatro visitas al país y entonces ya se dijo que sus sugerencias no serían ‘vinculantes’, es decir, no serían obligatorias acogerlas.

En las últimas horas, el Consejo de Participación, ente que coordinó la Veeduría Internacional (VI), dijo que todos los organismos mencionados deberían acoger a ‘cabalidad’ las observaciones.

No obstante, ese pronunciamiento es solo una sugerencia.

En el estudio del equipo internacional se menciona a cuatro instituciones: FF.AA., Policía Nacional, Ministerio de Justicia y la Fiscalía.

En una de las recomendaciones, la VI pide que se obligue la presencia del fiscal en el escenario del crimen o allanamiento para garantizar la cadena de custodia y su control de las evidencias.

También sugirió “crear la Policía Técnica Judicial” con servidores especializados en temas de investigación criminal; que las Fuerzas Armadas tengan una formación en Derechos Humanos y hasta propuso reformas legales como cambiar el delito de sabotaje en el Código Penal vigente.

A la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Veeduría instó a que se pronuncie sobre la legitimidad del concurso para nombrar a los 21 actuales jueces y conjueces.

Además, que la Corte establezcan las consecuencias de ese proceso y que garantice el derecho a que los posibles afectados reciban una reparación. La respuesta del alto Tribunal a la VI se difundió ayer. En el comunicado número 128, la CNJ contestó que “carece de competencia para emitir un pronunciamiento sobre la ‘genuidad’ del proceso de selección de los jueces ni establecer las consecuencias del mismo”.

Esta resolución se tomó en el Pleno del organismo, en una sesión extraordinaria. La Veeduría Internacional determinó que seis jueces, de forma inexplicable, recibieron altas calificaciones en la fase de méritos y oposición sin que los puntajes hayan estado fundamentados en el Reglamento del Concurso Público para nombrar al alto Tribunal de Justicia.

Frente a estos cuestionamientos, la Corte dijo además que los parámetros del concurso “se encuentran determinados en la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial, sin que sea competencia de la CNJ dirigir ese proceso o dictar reglamento respectivo”.

Según el máximo Tribunal de Justicia del país “esa atribución es exclusiva del Consejo de la Judicatura, órgano llamado a realizar este pronunciamiento”.

Ayer, el presidente del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), Paulo Rodríguez, manifestó que se pronunciará solamente cuando conozca en su ‘totalidad’ el contenido del informe de Garzón.

Explicó que en este momento, en el CJT “comisiones técnicas” analizan las sugerencias de la VI y que este organismo “se ha manejado con transparencia y apego a la Ley”. Estas declaraciones las emitó en el Consejo de Participación Ciudadana tras defenderse de la impugnación que recibió como candidato para vocal de la nueva Judicatura. El actual Consejo termina sus funciones el 26 de enero.

Otro tema polémico dentro del informe fue que la VI supuestamente tuvo dificultades para levantar la información sobre la reforma judicial. El ex juez incluso aseguró que “su dictamen no será aceptado de igual modo por todos” y que “ha desarrollado su trabajo con un equipo técnico de apoyo”. Los problemas -se indica en el estudio- hizo que el trabajo comience en marzo pasado, aunque dice que debían hacerlo desde el 27 de noviembre de 2011, cuando fueron posesionados.

Carlos Poveda, coordinador del equipo que acompañó a la VI, indicó que el 10 de diciembre, cuando se desarrolló la última reunión de trabajo en Ibarra, tuvieron inconvenientes en el hospedaje.

Pero el presidente del Consejo de Participación, Fernando Cedeño, aseguró que se cumplió con todos los requerimientos señalados y que no se pidió formalmente el experto en construcciones para que asesore durante la vigilancia que se hizo en ese tema.

Las sugerencias

La Veeduría Internacional recomendó aumentar el cuerpo de peritos policiales y la descentralización de los mismos.

Además, instó a las unidades judiciales de la Fiscalía y de la Defensoría Pública a que utilicen el sistema de video conferencias u otras fórmulas, como pizarras organizadoras de audiencias, que permitan las comparecencias virtuales de testigos y peritos.

El informe final sugirió no utilizar a las FF.AA. en materia de Seguridad Interior, ni de investigación, “salvo caso de fuerza mayor o situación extraordinaria enmarcadas por ley, dentro del marco constitucional del Ecuador”. Si se da esto, Garzón dijo que se garantice la preparación en investigación criminal.

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