Corte de DD.HH. analiza medidas en caso de dos niñas taromenane

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Redacción Seguridad y Justicia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el pasado 19 de enero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que dicte medidas provisionales para garantizar la vida de dos niñas taromenane.

Las dos menores fueron raptadas, en marzo del año pasado, por indígenas huaorani que presuntamente asesinaron a más de 20 miembros de los pueblos no contactados.

La solicitud surge en medio de las críticas del Gobierno al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Alexis Mera, asesor jurídico de la Presidencia, sostuvo la semana pasada que incluso se podría abandonar el Sistema si no se logran las reformas planteadas. Entre ellas está que la sede de la CIDH ya no esté en Estados Unidos, que no es suscriptor del Pacto de San José.

En este contexto, la CIDH se muestra preocupada por la situación de las dos menores, de aproximadamente 2 y 6 años, según el escrito de 29 páginas remitido al alto Tribunal.

En el 2006, la Comisión dictó medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario tagaeri y taromenane, para garantizar su protección.

Pero, a pesar de las solicitudes de información que ha hecho la CIDH, esta no cuenta con información del Estado sobre las menores, según el documento enviado a la Corte.

Allí se habla de una última respuesta del Ecuador a la CIDH, en septiembre del 2013. Ecuador "desconoce la naturaleza de las medidas cautelares y señala expresamente que no aportará con información sobre las mismas".

Esta es una respuesta política en vez de jurídica, a criterio de Daniela Salazar, catedrática de la Universidad San Francisco.

"Se utiliza la misma respuesta política, que dice que la Comisión no tendría facultades para emitir medidas cautelares. Pero es muy grave que la posición política sobre el papel de la CIDH ahora se inserte en un caso grave como este", observa la académica.

Las niñas raptadas
Tras la matanza de supuestamente más de 20 miembros de los pueblos no contactados, las dos menores fueron llevadas, por separado, a dos diferentes comunidades huaorani.

Allí, ellas vivían con los presuntos victimarios. En noviembre, la mayor de las niñas fue reubicada en otra comunidad.

Así lo admitió la Fiscalía en una rueda de prensa, en diciembre pasado. Esa entidad se encarga de la custodia de las menores, que están bajo el Sistema de Protección de Víctimas. Sin embargo, para Miguel Ángel Cabodevilla, misionero capuchino que ha trabajado con los huaorani, en el trato con las niñas hubo problemas.

"Construyeron una casa para que la niña viviera bien con la familia que la acogía, ¡cuando ahora fue captada por la fuerza! Tuvieron tan poco cuidado de ellas que la más pequeña fue inscrita en el Registro Civil como hija de sus captores".


"La parte más positiva de toda esta triste historia ha sido el seguimiento en salud de las niñas, que les ha permitido sobrevivir"
Miguel Ángel Cabodevilla

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