10 de August de 2010 00:00

Contraloría auditará a la II Sala Penal por caso Mahuad

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Redacción Judicial

La Fiscalía y el Ministerio de Justicia criticaron ayer la actuación de la Sala Penal de la Corte Nacional.

Alfredo Alvear, fiscal subrogante, rechazó el fallo de esa Sala, emitido el 5 de julio, que ratificó la prohibición de detener al ex presidente Jamil Mahuad y de embargar sus bienes.

Según la Fiscalía, Mahuad fue el responsable del feriado bancario de 1999, que permitió el congelamiento de los fondos de los cuentaahorristas del país. “Los banqueros corruptos se beneficiaron con el dinero que recibieron y causaron un desastre económico a miles de ciudadanos. Pese a ello se dictó un sobreseimiento provisional en el 2006”, refirió Alvear.

Tres años más tarde, el caso se reabrió por pedido del hoy fiscal subrogante y el conjuez Luis Quiroz, presidente de la segunda Sala de la Corte avocó conocimiento.

“La providencia dictada por el conjuez, fuera de todo término, se hizo porque las autoridades americanas (EE.UU.) están revisando las visas de aquellas personas que se encuentran en ese país con juicios penales. A eso obedece este pronunciamiento apresurado e ilegal”, agregó Alvear.

El ministro de Justicia, José Serrano, también criticó el fallo a favor de Mahuad. Él acudió ayer por la tarde a la Contraloría General y solicitó a ese organismo que realizara una auditoría de trabajo y gestión a la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional.

Además, Serrano exigió a la institución de control que realizara una auditoría al patrimonio de Quiroz, con información actualizada y juramentada. Este examen debe ser realizado desde la fecha en que comenzó a ejercer funciones públicas hasta la actualidad.

Según Alvear, Mahuad no es el único ex funcionario que tenía urgencia por resolver su situación jurídica en Ecuador. El ex ministro de Economía, Jorge Gallardo, también habría enfrentado el mismo dilema en Miami. Él se entregó a las autoridades el 2 de agosto pasado. Él tiene dos causas abiertas: por supuesto enriquecimiento ilícito y por peculado.

“No es que ahora, después de 9 años, confíe en la justicia ecuatoriana. Lo que sucede es que está cambiando su estatuto personal en los Estados Unidos y se le exige no tener antecedentes penales”.

Gallardo, de su lado, dijo desde la Cárcel N° 4 de Quito que decidió retornar al país en abril por propia voluntad. “Lo hice para limpiar mi nombre y evitar más sufrimientos a mi familia. Demostraré en la audiencia respectiva del juicio que soy inocente”.

La Fiscalía debía pronunciarse ayer sobre la consulta que la Primera Sala de la Corte hizo en torno a la sustitución de la prisión preventiva de Gallardo.

En el comunicado del Ministerio Público no se precisa la respuesta de la institución, sin embargo, se señala: “estos fallos, que favorecen a personas a quienes la Fiscalía ha acusado, se repiten periódicamente”.

Ahora, el presidente de la Primera Sala, Hernán Ulloa, es quien deberá resolver si cabe una medida sustitutiva para Gallardo, como acudir periódicamente ante un juez, mientras sigue el juicio.

Carlos Pólit, en cambio, dijo que hablará sobre la actuación del juez Quiroz con el presidente de la Corte Nacional. “Una vez que tenga ese diálogo, de inmediato formaremos el equipo para hacer la inspección en la Segunda Sala de lo Penal”.

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