19 de May de 2010 00:00

La comuna La Cocha ratificó aplicar la pena de muerte a un joven

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Redacción Sierra Centro

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Los indígenas de la comunidad de La Cocha, ubicada a 40 minutos del centro de Zumbahua, en la provincia del Cotopaxi, debatían hasta ayer si se aplicaría una sentencia de muerte a Orlando Q. Él está detenido como supuesto autor del asesinato de Antonio Olivo, de 21 años. El hecho ocurrió el domingo 9 de mayo, a las 20:00, en la comunidad de Zumbahua.

Olivo era estudiante del sexto curso del Colegio a Distancia Salcedo y vivía con su madre, María Luisa Pallo, en las calles Claudio Benatti y Padre Tonny Bresciani. Fue asesinado a golpes y luego ahorcado con una correa en el parque central de la parroquia.

fakeFCKRemoveEl lunes, los dirigentes conversaron con el fiscal de Asuntos Indígenas, Vicente Tibán. En un inicio, le indicaron que Orlando Q., quien había sido aprehendido por la comunidad, sería entregado al Ministerio Público. Pero, ayer, nuevamente los dirigentes de La Cocha informaron que el joven recibiría la muerte. Ricardo Chaluisa, presidente de la comunidad de La Cocha, aseguró que 24 organizaciones indígenas defienden esta resolución.

Según Chaluisa, luego del asesinato de Olivo se detuvo a Flavio e Iván C., y a Willian y a Kléver Ch., vecinos de la comuna Guangopolo. El domingo pasado, los cuatro fueron sentenciados a un baño con ortiga y látigo, por delito en menor grado. “Ellos no asesinaron a Olivo, sino que presenciaron su muerte. Luego los liberamos”, aseguró el dirigente Chaluisa.

En cambio, Orlando Q., del pueblo de Chambi, seguía ayer detenido. “El próximo domingo se organizará una asamblea para determinar una resolución definitiva. No podemos indicar dónde se encuentra”.

Esto preocupa al fiscal Tibán. Él dice que el crimen se cometió con violencia y que eso indignó a la gente, la cual decidió sentenciarlo a muerte. “No comparto la decisión. La Constitución no contempla esto”.

La Carta Magna contempla la justicia indígena, pero respeta la vida de los ciudadanos. Ningún artículo avala la pena capital.

Tibán insiste en que habló con los dirigentes. “Expliqué que esta decisión viola los Derechos Humanos, deja sin piso a la justicia indígena y daña la imagen de las comunidades”.

Jaime Olivo, hermano del joven asesinado, recuerda con lágrimas que su hermano salió la tarde del domingo al baile organizado por el Día de la Madre en la plaza de la parroquia. Allí fue asesinado.

Su cuerpo fue encontrado media hora después. Jaime Olivo dice que familiares de los detenidos ofrecieron a su madre una indemnización, USD 40 000, pero no aceptaron. Él espera la resolución final de la comunidad. “Mi mamá estuvo a punto de suicidarse ingiriendo veneno, pero una prima la salvó”.

En el pueblo, la gente comenta que desde hace meses un grupo de jóvenes que visten de negro camina por el centro. “Sus padres no viven en el pueblo. Debe haber más control”.

Antonio Olivo trabajaba con su madre en la agricultura y la ayudaba en una tienda que tenían en su casa. Su madre quedó sola en el pueblo tras el crimen.

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