4 de April de 2011 00:00

‘El ciudadano valora más la privacidad que un celular’

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Juan C. Solines, experto en conectividad, considera que el Gobierno, a pretexto de proteger a los ciudadanos, quiere inmiscuirse en todos los aspectos de la vida privada.

Hace cuatro meses, el Ministerio del Interior anunció que las operadoras de telefonía celular tendrían que empadronar todos los artefactos vendidos para inutilizarlos en caso de robo y para combatir al crimen. ¿La medida empieza a tener eco?

Creo que la iniciativa del Gobierno se enmarca, lamentablemente, en una política de palos de ciego, de medidas de alguna forma antitécnicas que no van al meollo del asunto, en este caso particular, a la inseguridad, al aumento de la delincuencia y del crimen organizado. Para empezar, la mayoría de teléfonos que se roba en Ecuador sale al extranjero, se va a las fronteras con Colombia y con Perú. Un teléfono puede incluso ser descuartizado y vendido en piezas. El empadronamiento de teléfonos no es estructural; ya se hizo una campaña hace más de un año para el empadronamiento voluntario y no dio resultado, porque el ciudadano valora más la privacidad que perder el celular.

¿Pero el mercado de celulares sin factura es alto y el robo de este objeto es un factor de inseguridad?Habría que pensar qué hacer con los chips que se venden en una tienda de la esquina y que se instalan en un teléfono. El teléfono celular tiene dos identificadores únicos: el del aparato y otro el de la tarjeta (SIM card), la tarjeta SIM puede ser cancelada cuando se produce un robo, lo que no se puede cancelar es el aparato. Se tienen que adoptar medidas tecnológicas de monitoreo para protección del ciudadano, por ejemplo los ojos de águila, las cámaras en locales comerciales, en los hoteles... El ciudadano está dispuesto a ceder un poco de esa privacidad por un bien superior, proteger bienes jurídicos superiores, pero no es este el caso.

¿Más monitoreo en el espacio público sin vulnerar la privacidad individual?

Hay una máxima: el dato tiene una interpretación a ojos de quien lo tiene. El momento en que un dato está en manos del Gobierno, este puede darle la interpretación que quiera; lo estamos viendo a propósito del 30-S, que se ha hecho una serie de conexiones en forma de imágenes, videos, pero puede ser en forma de llamadas. Y el Gobierno con su maquinaria de publicidad e información puede presentar los datos a como bien tenga.

¿Y las telefónicas? Activan celulares sin ver al usuario.

Existe una identificación básica que tiene el operador frente a sus clientes. Este sector privado ya estableció lazos con la Policía; pero se echó abajo sin mayor contemplación el proyecto para que la Policía pudiera contar con una red de comunicación sofisticada, en telefonía celular; hoy la Policía es un cliente más de Andinatel.

¿Por qué el empadronamiento no facilitaría el trabajo de la Policía en el rastreo del delito?

Vemos que el Gobierno con la Ley de Comunicación quiere controlar a los medios, con la Ley de Registro de Datos quiere controlar el flujo de datos que el Estado tiene con respecto a los ciudadanos, con el SRI que tiene una inteligencia tributaria muy sofisticada persigue a aquellos que no pagan impuestos y determina qué transacciones hacen, etc. Ahora como pretexto del robo de celulares quieren hacer un empadronamiento para que se pueda saber dónde está usted, con quién habla, a dónde se moviliza; es una suerte de Estado ‘gran hermano’ que, a pretexto de proteger a los ciudadanos con una actitud totalmente paternalista, quiere inmiscuirse en todos los aspectos de la vida privada.

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