Una pareja de abogados chilenos es requerida por la Fiscalía dentro de la investigación que se sigue por la naturalización irregular de ciudadanos de Cuba en Guayaquil. René G.R. y Ana S.G. fueron señalados como los presuntos encargados de gestionar los trámites de legalización.
La fiscal de la Unidad de Delitos Migratorios, Mónica Rivera, pidió ayer al juez cuarto de Garantías Penales, Jorge Mestanza Pacheco, que los vinculara con la instrucción nro. 004-2010, abierta a finales de marzo pasado.
En ese expediente se investiga la irregular nacionalización de 120 cubanos, con documentos y versiones forjadas, lo cual fue denunciado por la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión.
fakeFCKRemoveEn ese proceso fueron imputados los notarios Marcos Díaz Casquete y Julio Olvera Espinoza por, supuestamente, haber dado fe a uniones de hecho inexistentes. También el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Xavier Aguiñaga, es inculpado por aprobar las naturalizaciones.
Para sustentar su pedido, Rivera utilizó los testimonios que dieron en su oficina los extranjeros Carlos G.C., Randy R.R., Bárbara C.D. y Alberto R.O., residentes en Quito. Ellos declararon que pagaron USD 2 600 a la pareja de chilenos, para legalizar su permanencia en Ecuador. Afirmaron que sus trámites fueron realizados totalmente en Guayaquil y sin estar presentes. Además, que en las notarías 21 y 37 obtuvieron las uniones de hecho y las legalizaciones en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores del Litoral.
Rivera también solicitó al juez Mestanza que prohíba la salida del país a de los procesados y que brinde protección a los ciudadanos cubanos que han colaborado en la investigación de la Fiscalía.
“Se han pedido medidas alternativas para poder seguir con la investigación. Los voy a citar a declarar, para que justifiquen los hechos denunciados”, dijo Rivera.
La pareja de chilenos no estuvo en la audiencia. Fueron representados por la defensora pública, Ángela Sandoya. Se desconoce si ellos se encuentran en el país.
“El Subsecretario no concedió ninguna nacionalidad, lo que hizo fue una resolución de declaratoria que concedía el reconocimiento como tal, luego de pasar por un proceso previo”, manifestó Xavier Aguiñaga, padre del ex subsecretario, quien presenció la audiencia oral.
El juez Mestanza no se pronunció sobre los pedidos de la fiscal Rivera, pero aseguró a este Diario que lo hará en las próximas horas.
Mientras tanto, la Superintendencia de Bancos realiza una auditoría financiera de los notarios y de los funcionarios de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores del Litoral, a pedido de la Fiscalía.
La investigación se amplió a otros notarios de Guayaquil, cuyos nombres aparecen en documentos usados para la naturalización de los caribeños. También se detectó que notarios de Quito, Saquisilí y otras ciudades dieron fe de uniones de hecho inexistentes entre caribeños y ecuatorianos.
“Algunos dicen que no han emitido los documentos. No aparecen en sus registros. Otros dicen que fueron otorgados delante de ellos”, contó Rivera.
La Fiscalía General gestiona una asistencia judicial internacional con Cuba. Por este medio, se busca notificar a 10 foráneos sobre el inicio de este proceso en contra de ellos, en Ecuador.
En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, anuló la semana pasada 170 cédulas y 200 uniones libres de cubanos. Él y Juan Sebastián Roldán, secretario de Transparencia de Gestión, solicitaron la destitución y enjuiciamiento penal de los notarios Díaz y Olvera. Ellos siguen trabajando y anuncian acciones legales.