28 de December de 2012 00:03

Caso Luluncoto pasó a la Corte Nacional

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Las 40 personas llegaron a las 09:00, y ayer se reunieron en las afueras de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ubicada en el norte de Quito.

Cargaban carteles con los rostros de Cristina Campaña y Abigail Heras, y exigían a los jueces nacionales la libertad de las dos mujeres detenidas el pasado 3 de marzo dentro del caso Luluncoto.

En el momento, ellas están recluidas en la cárcel de El Inca. La madre de Campaña, Delia Sandoval, tenía en sus brazos una cartulina blanca que decía: “Pido la libertad de mi hija”.

Según Ramiro Vinueza, presidente del Comité por los ‘10 de Luluncoto’, el estado de salud de Campaña y Heras se ha deteriorado por la huelga de hambre que sostienen desde hace 22 días.

Entre la gente que se reunió en la Corte Nacional había familiares, amigos de las procesadas, estudiantes de la Universidad Central, representantes de la Juventud Revolucionaria del Ecuador (JRE) y del Frente de Izquierda Universitario del Ecuador (Friu).

Ellos permanecieron en el sitio hasta el mediodía.

En el caso de Campaña y Heras, la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte de Justicia de Pichincha no aceptó el hábeas corpus, como ocurrió el pasado miércoles con otras siete personas del grupo.

Tras esa decisión, los siete detenidos dejaron el viernes pasado el Centro de Detención Provisional (CDP) y recobraron la libertad.

Esa tarde, la defensa de Campaña y Heras apeló a la resolución de los jueces de la Primera Sala.

Pasado el mediodía de ayer, los magistrados calificaron la solicitud y la remitieron a la Corte Nacional de Justicia para el sorteo, según Ciro Guzmán, abogado de tres de los ‘10 de Luluncoto’.

El 21 de enero próximo está prevista la audiencia de juzgamiento en contra del grupo que es investigado por presunto terrorismo.

La diligencia se desarrollará en el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha, y están citados más de 100 testigos.

Los 10 procesados fueron arrestados cuando se reunían en un condominio ubicado en el sector de Luluncoto, en el sur de Quito. Según el Ministerio del Interior, en el allanamiento al departamento se hallaron evidencias que “vinculan a los 10 con el Grupo de Combatientes Populares”.

La Policía ha atribuido a esa organización las bombas panfletarias que detonaron en Guayaquil, Quito y Cuenca entre noviembre y diciembre del 2011.

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