Cárcel de Latacunga opera con obras inconclusas

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Sara Ortiz.  Redactora ortizs@elcomercio.com

En medio de la neblina de la mañana se distingue una estructura gigantesca gris en construcción. Un camino de tierra húmeda conduce hasta una improvisada garita. Se trata del primer control de ingreso al Centro de Rehabilitación Regional de Cotopaxi.

No hay muros alrededor del presido, solo varillas metálicas verdes que en las próximas semanas serán recubiertas de concreto. Entonces habrá una muralla que separe el exterior de la nueva cárcel con los 4 816 internos que la habitarán.

Dos policías, vestidos con chalecos verdes fosforescentes, colocan un cono plástico para que los vehículos detengan su marcha. Ninguna cámara de seguridad registra el control que realizan los uniformados a una camioneta.

Adentro, en 116 celdas para cinco personas permanecen 351 personas privadas de libertad que fueron trasladadas el viernes pasado desde el expenal García Moreno de Quito.

Según Ledy Zúñiga, directora del Rehabilitación Social, fue la primera fase de la mudanza. Otros 2 900 presos serán llevados las próximas semanas.

Este traslado es parte de un nuevo modelo que busca equiparar las condiciones de vida de todos los internos.

Pero, Magaly G. denuncia que el trato que recibe su esposo no corresponde a "la buena conducta que ha tenido desde su encierro, hace 4 años".

La mujer cuenta que a los presos les permiten salir dos horas diarias al patio y el resto del tiempo pasan encerrrados en sus celdas. El sábado pasado cuando lo visitó, ella constató que el sistema de agua potable no funcionaba. En el comando de la Policía se informó a este Diario que, por el momento, el agua llega en vehículos cisternas y botellones.

El día de visita, la mujer también miró que los sistemas de control de ingreso no estaban operativos. "Dijeron que había un escáner, pero cuando yo pasé la máquina estaba apagada".

A Patricia J. le preocupa que por el clima su hijo se enferme. "Hace dos meses estuvo con neumonía. Me dijo que se mueren de frío. Los levantan a las 05:00 para bañarse".

Según el Ministerio de Justicia, las personas recluidas recibieron uniformes (calentadores, camisetas y ropa interior), colchones, cobijas, almohadas y kits de aseo personal.

"El problema -agrega Patricia- es que no pueden usar sacos sobre el overol".

Fuera de la nueva cárcel hay nueve concreteras sin operar. Tres retroexcavadoras, operadas por técnicos con chalecos tomates, recogen los troncos de árboles derribados.

700 trabajadores, entre albañiles, arquitectos e ingenieros, trabajan contra reloj. "Debemos terminar todo hasta la última semana de marzo, pero aún faltan las celdas de máxima seguridad", dijo uno de ellos, que pidió no revelar su identidad. Tienen la ordende colocar el sistema de agua entubada en el pabellón que ya está habitado y terminar las torres de vigilancia.

Cada una mide alrededor de 15 metros de alto. Su forma de cilindro permitiría que, desde el último piso, el personal de seguridad tenga una visión de 360 grados. Ninguna está operativa. Por ahora, son estructuras sin ventanas ni puertas.

En la garita de control, uno de los dos policías abandona su puesto por unos 10 minutos.

"Espéreme voy a preguntar si el director (del centro) le puede recibir". El policía, protegido por tres chompas, se marcha para hacer la consulta. 48 agentes de los grupos especiales de la Policía se encargan de asegurar el perímetros: 82 hectáreas.

Para la seguridad, el Municipio de Latacunga entregó 50 cámaras de vigilancia para que sean colocadas en el exterior del centro. Pero por la falta de cerramiento la instalación aún no se concreta.

Los permisos en trámite

Este complejo opera sin permisos municipales, según el alcalde de Latacunga Rodrigo Espín. No tiene la aprobación para el uso del suelo, los planos no han sido legalizados y tampoco cuenta con el permiso de habitabilidad, dijo el burgomaestre tras una rueda de prensa , el lunes. "Antes de autorizar la habitabilidad debemos comprobar que todo esté terminado".

En la Dirección de Planificación del cabildo informaron que aún no han recibido los planos ni el plan de impacto de movilidad.

El Gobierno invierte unos USD 70 millones en este complejo, con el propósito de solucionar el hacinamiento carcelario, que en el ex penal supera el 250%.

Once habitantes de Latacunga consultados por este Diario dijeron que la ciudad no estaba preparada para la operación de un centro de esa magnitud.

'Nuevas condiciones son severas'

Billy Navarrete. Secretario del Comité Permanente de Derechos Humanos. El traslado de los internos a la nueva cárcel de Latacunga (Cotopaxi) es una decisión improvisada. Para mí, el tema pasa porque el Estado debe garantizar las condiciones y la seguridad para las personas privadas de la libertad.

Creo, además, que resulta riesgoso el traspaso de un número de personas de una ciudad a otra cuyo destino aún se encuentra en construcción. Estas nuevas condiciones y regímenes de visitas son especialmente severos y están provocando el aislamiento de los presos de sus familias. Eso genera angustia y a través de esta se dan procesos de agravamiento emocional que desencadenan en violencia.

En contexto

Desde el viernes pasado, 351 presos fueron trasladados a la cárcel en Saquisilí, Cotopaxi. Llegaron desde el expenal de Quito, dentro de un nuevo plan de rehabilitación del Gobierno. Los familiares de los internos denuncian que no aún cuentan con servicios básicos.

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