Mañana termina el plazo para que los aspirantes al nuevo Consejo de la Judicatura, Zaida Romero (candidata por la Asamblea) e Irene Pesántez (postulada por la Fiscalía) presenten los documentos que faltaban en sus carpetas personales.
La información presentada inicialmente por los 15 postulantes fue analizada por un equipo técnico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), organismo que coordina la conformación de la Judicatura.
Precisamente esos técnicos propusieron que los candidatos del Ejecutivo, Paulo Rodríguez y Alejandro Subía (ambos ingenieros) presenten un título universitario en ramas afines al ente que por seis años administrará la justicia en el país. Al final no se acogió esa propuesta.
Pero también informó que a Romero y a Pesántez les faltaba papeles. El artículo 12 del Reglamento para la selección de los cinco vocales señala que “al tratarse, exclusivamente, de la falta de documentación que acredite el cumplimiento de un requisito, se notificará al candidato” y se concederán tres días hábiles para que complete su ficha personal.
En caso de no completar los requerimientos, el Consejo de Participación informará a quienes nominaron y en cinco días hábiles podrán presentar nuevos nombres.
Según el cronograma planteado por el Cpccs, una vez superada esta fase vendrá la impugnación. Allí se aceptarán solamente las apelaciones que tengan “relevancia pública”.
¿Quién decide aquello? David Rosero, vocal del Consejo de Participación, señala que esta figura es una “forma elegante de archivar las impugnaciones de los ciudadanos”.
Dice que esto impide ejercer el derecho que se tiene para objetar a un candidato.