Entre lágrimas por los golpes en la pierna y brazo, desesperada, Laura llegó a la Comisaría Segunda de la Mujer, en el centro de Quito. Ayer, al mediodía, buscaba ayuda para denunciar el maltrato propinado por su pareja. “Desde el viernes intenté pedir ayuda en la Comisaría Primera (en Quitumbe, sur), pero no había atención”.
Entonces, sin recibir mayores detalles del guardia de seguridad, Laura se retiró hasta el domicilio de su hija, en Solanda. “No pude dormir el fin de semana, necesitaba sacar una boleta de auxilio y ninguna autoridad en mi sector me ayudó”, relataba ayer. Los vigilantes de la Unidad de Policía Comunitaria de Solanda le dijeron que acudiera al Centro de Equidad y Justicia Tres Manuelas, pese a que no era de su jurisdicción (el hecho ocurrió en el sur y la dependencia está en el centro).
Con su hija entró ayer con el temor de que tampoco le atendieran. “Nos dijeron que todas las comisarías estaban cerradas”, decía su hija, consternada. Las dos comisarías operan con irregularidad desde el jueves. Ese día, servidores públicos de esas oficinas fueron relevados de sus cargos.
Desde marzo, el Ministerio del Interior ejecutó un sistema de evaluación en las comisarías. Tras el anuncio de cambio de estas entidades por juzgados de la Mujer y la Familia, hecho por el Consejo de la Judicatura como parte de la reestructuración del sistema de justicia, el ministro José Serrano afirmó que durante décadas se han detectado falencias en las comisarías a escala nacional y advirtió“una evaluación funcionario por funcionario”.
De las pruebas dependía quiénes conservarían su cargo y quiénes se acogerían de manera obligatoria al Decreto 813. En este se dictamina que los servidores públicos firmarían sus renuncias voluntarias con indemnización, si la entidad consideraba una desfavorable evaluación de su desempeño y un puntaje menor a 80 puntos sobre 100.
Sin embargo, este hecho no se notificó en las comisarías para conocimiento de los y las usuarias ni tampoco se informó a dónde podían acudir para poner sus denuncias fuera de su sector de residencia en Quito.
En la ciudad hay cuatro comisarías de la Mujer: La Primera, en Quitumbre; la Segunda, en la calle Loja; la Tercera, en la avenida De la Prensa, y la Cuarta, en Carapungo. Las dos últimas funcionaron únicamente con sus comisarios después de las notificaciones de la semana pasada. No hubo más personal para dar soporte.
En cada comisaría trabajaban al menos seis personas: la comisaria, una psicóloga, una trabajadora social, una secretaria y dos colaboradores de seguimiento para trámites y documentos. En estos días y hasta que el Ministerio del Interior designe a nuevos funcionarios, participa personal de la Dirección de Género de esa Cartera de Estado.
Liliana acudió ayer por la mañana a la Comisaría Tercera, en el norte. En compañía de sus dos amigas intentó denunciar a su ex conviviente por acoso. Este Diario constató cómo, en la puerta, un guardia le informaba que la Comisaría ya no funciona en el lugar: “Se trasladó a Carcelén”, dijo. Esto fue negado en la Dirección de Género. “Hay una mala información de parte de algunos trabajadores, la Comisaría sigue funcionando con normalidad”.
Liliana no recibió apoyo para que su ex pareja dejara de llamarle constantemente y de amenazarle. “Debieron informar a los usuarios sobre el cambio de funcionarios y que no atenderían ciertas comisarías. Pudieron redireccionarnos a otros sitios”, decía, con indignación.
En las comisarías de la mujer del sur y del centro de Quito se reciben al día, en promedio, 70 denuncias por maltrato y violencia intrafamiliar. En las dos del norte, alrededor de 20, según datos de la Dirección de Género.
El Consejo de la Judicatura dijo que 38 comisarías de este tipo en el país se convertirán en unidades especializadas contra la violencia de la mujer y la familia. Está previsto que en estas unidades laboren 82 jueces, los cuales se designarán por medio de un concurso de méritos y oposición.
Aunque, los vocales del Consejo admitieron que los jueces no tendrán las competencias que los comisarios. “Ellos (los comisarios) dependen del Ministerio del Interior y son de libre remoción. Será el Ministerio el que analice el destino de ese personal”, informó la Judicatura.
Laura dio sus datos en el departamento de archivo de la Comisaría en el centro Tres Manuelas. Luego dijo sentir alivio porque tendría la boleta de auxilio para evitar que le hicieran daño. “En estos días me sentí desprotegida”.
Tenga en cuenta
A las comisarías de la Mujer y la Familia pueden acudir las personas (mujeres, hombres y menores) que hayan sido víctimas de violencia sexual o intrafamiliar. Allí, los afectados reciben apoyo legal y psicológico. En Quito hay cuatro dependencias.
Los trámites en las comisarías del país son gratuitos. No se necesita un abogado para denunciar. Es recomendable que la víctima dé sus datos y proporcione la cédula de identidad. Si es menor de edad, debe ir acompañado por un representante.
Según un mapeo de las comisarías realizado por el Centro de Planificación y Estudios Sociales, en el 2008, el 8% de las denuncias concluye en una sentencia condenatoria y el 2% en indemnizaciones. Si una comisaría está cerrada, la denuncia urgente se puede realizar en otra dependencia zonal de la ciudad.