27 de October de 2012 00:01

Alumnos que consumen droga, con poca ayuda

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Son cuatro. Tienen entre 16 y 19 años. Todos estudian en colegios del sur de Quito. Ayer se encontraron en un parque. Era mediodía y fumaban marihuana. Dicen que en las aulas nadie sabe lo que hacen y que a quienes los descubren los aislan poco a poco. Terminan por dejar los establecimientos.

¿Qué hacen los colegios cuando detectan un caso? Las autoridades de cuatro centros de la capital hablan de charlas, aunque estas son temporales. Unas pueden durar apenas dos semanas y las más largas siete meses (una sesión semanal de dos horas).

En el parque, los cuatro alumnos fingen hablar de chicas, deportes y tareas. Cuando la gente que pasa por allí se retira el humo se levanta sobre sus cabezas.

Unos la llaman muga, kripi, ganja o marihuana. Todos hablan, pero lo hacen con la condición de que no se los identifique. Uno de ellos solamente dice llamarse Miguel, pero es para protegerse. Él aclara que en realidad no tiene importancia el nombre de la droga, pero sí la destreza de armar “un buen porro o pitada”.

Los fósforos se agotan y el cigarro se ilumina entre los dedos de Pablo (nombre protegido).

Cada uno se inició en el consumo de drogas de formas similares: por curiosidad con los amigos.

Esteban está por cumplir 19 años. Dice que junto con los amigos y la depresión de perder a uno llegaron las sustancias ilegales.

En su adolescencia se involucró en el alcohol, la marihuana, la pasta base de cocaína y el éxtasis.

Vestidos con los uniformes del colegio, los adolescentes explican que la droga “es tan fácil de conseguir y hasta de vender”.

¿Pero cuando caen en este problema tienen ayuda? Los cuatro responden que no, que los profesores no les prestan atención.

¿Y los talleres? “Son aburridos y manejan el tema desde el miedo y el prohibicionismo”, dice uno de ellos. “En esos casos a los compañeros que son cachados (descubiertos) se los desaparece”.

Se refieren a las sanciones que terminan en la salida de las aulas.

El Ministerio de Educación no reporta cuántos estudiantes han dejado los establecimientos por este tipo de problemas.

Pero ante los inconvenientes los profesores dan otra respuesta: que necesitan internarse en los centros de rehabilitación.

Pero ahí también hay problemas. A escala nacional, el número de estas casas no autorizadas es superior frente a las que sí poseen los permisos de funcionamiento.

Así lo revela el Plan de Prevención Integral de Drogas 2011- 2013 del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).

El documento refiere que el 56% (178) de centros no tiene autorización y solo el 39% (122) cuenta con permisos.

A eso se suma que el Estado apenas tiene cinco sitios especializados y solo hay 10 unidades públicas de tratamiento ambulatorio.

La vicerrectora de un colegio del norte de Quito asegura que durante el año lectivo 2011-2012 descubrieron que dos estudiantes consumían sustancias ilícitas.

El tratamiento, dijo la educadora, se basó en varias charlas entre los padres, las alumnas y el Departamento de Consejería Estudiantil, que está formado por psicólogos y trabajadores sociales

“Nosotros no podemos expulsarlos y menos aislarnos. Pero tampoco tenemos los recursos para tratar este problema”, reconoce la mujer que tienen más de 33 años en la docencia.

El desconocimiento del manejo de estos hechos nace de la inexistencia de un reglamento o plan único que se aplique en el país.

La falta de centros de rehabilitación de adicciones se produce en medio de un crecimiento acelerado en el consumo de drogas.

Según los estudios realizados por el Consep, “alrededor de 22 603 personas requerirían tratamiento por alcohol, marihuana, cocaína y/o pasta base”.

Pero los centros privados solo tienen capacidad para atender 4 141 solicitudes. “Esto implica que apenas se cubre aproximadamente el 18% de la necesidad de tratamiento a escala nacional”, dice el Plan de prevención. En el caso de personas que necesitan tratamiento por consumo de alcohol y pasta base, la atención no supera el 50%. En cuanto a consumidores de marihuana, solo el 2% de la población es atendido en el país.

Respecto al consumo de alcohol, el Consep informa que un 8,2% de personas ha presentado las solicitudes de tratamiento. En marihuana fue el 0,4%, cocaína el 1,5% y pasta base el 29,1%.

Frente a la falta de centros de tratamiento en el país, la prioridad del Consep es implementar 16 nuevos centros públicos a través del Programa Nacional de Atención, Tratamiento y Recuperación. El Régimen tiene previsto invertir USD 27 956 937 hasta el 2013 en este tema.

El Ministerio de Educación es parte del Plan Nacional de Prevención de Drogas 2012-2013, pero el estado las metas cumplidas se desconoce. No ha respondido a pedidos de este Diario.

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