29 de March de 2011 00:00

3 alcaldes de Esmeraldas denuncian intentos de extorsión y asesinato

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Era el último día de plazo para que en el Tribunal Electoral de Esmeraldas se entregue el pedido de revocatoria de mandato. Antonio B., activista político, se le acercó al alcalde de Rioverde (norte de Esmeraldas), Luis López Estupiñán, y supuestamente trató de extorsionar al funcionario.

Le dijo que si le entregaba una “fuerte suma de dinero”, no entregaría las firmas, con las cuales se solicita su salida de la Alcaldía. “Me pidió USD 10 000 a cambio de no presentar las firmas al Tribunal”, señala López.

El Alcalde, junto con la Fiscalía y la Policía prepararon una trampa y aceptaron el pago del dinero. Consiguieron USD 1 300 en efectivo y un cheque del Banco de Fomento, que fueron entregados el 21 de marzo pasado a cambio de 153 hojas de formularios de revocatoria de mandato. “Le pregunté por qué hacía eso (a Antonio B.) y me respondió: “Solucionamos eso o no”, refirió el aAlcalde. La Policía capturó al activista y ahora enfrenta un proceso judicial.

Este no es el primer caso de supuesta extorsión que en Esmeraldas se registra a figuras políticas. En diciembre del año pasado, el alcalde de Esmeraldas, Ernesto Estupiñán, incluso dice conocer que un supuesto sicario fue contratado para asesinarlo.

En el país, las denuncias por extorsión son frecuentes. La Dirección Nacional de la Policía Judicial (PJ) revela que en el 2009, a escala nacional se presentaron 349 casos y en el 2010 subió a 401. El año pasado, únicamente en Esmeraldas se registraron 22 casos. Y en el 2009 hubo 25.

Para la Fiscalía de esa provincia, este es un problema de sistema. “Como se dice popularmente, la calentura no está en la sábanas, es un problema de estructura y supraestructura del Estado para proveer de seguridad jurídica a los ciudadanos”, señala Lenin Arroyo, fiscal distrital.

Estupiñán dice que desde el 2010 han acrecentado las amenazas en su contra. El funcionario no ha denunciado este hecho a la Policía, pero sí se refirió al tema en una entrevista por radio.

En el artículo 557 del vigente Código Penal se indica que será reprimido con prisión de uno a cinco años el que, con intimidación, o simulando autoridad pública obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición cosas, dinero, etc.

En lo que va de este año se han presentado seis casos de extorsiones en Esmeraldas. Pablo Santos, jefe del Comando de Policía, señala que todos han sido resueltos.

El oficial sostiene que hay casos de extorsión que no se conocen oficialmente, como el de Estupiñán, y que eso dificulta el trabajo. “Si no hay una denuncia presentada por escrito qué podemos hacer”, manifiesta Santos.

El uniformado cuestiona al sistema de justicia. “En San Lorenzo se detuvo a una persona cuando se disponía cometer una extorsión, pero a los nueve días salió en libertad. Este sospechoso incluso tenía en su poder armas”.

Arroyo asegura que en los casos de extorsión, los denunciantes pueden acogerse al Programa de víctimas y testigos, que la Fiscalía maneja a escala nacional.

En la provincia, 160 personas afectadas por desconocidos se han acogido a esta alternativa.

En noviembre del 2010, Richard Mina, alcalde de Eloy Alfaro, al norte de la provincia, también fue víctima de una extorsión. Desconocidos lanzaron una bomba de fabricación casera a la terraza de su domicilio. No hubo víctimas en este atentado. “Luego de que me hicieron eso, alguien me llamó por teléfono diciéndome que le dé dinero, aunque no especificaron la cantidad”. No sé si atribuirle al asunto político o a la delincuencia. Siempre se está con eso, afirmó Mina.

Lenin Lara, gobernador de la provincia, argumenta que el alcalde de Eloy Alfaro siempre ha estado en un estado de vulnerabilidad. “Ha tenido permanentes amenazas”, señala. Para él, la ubicación del cantón (fronterizo con aguas colombianas) influye en el riesgo. “Se está aprendiendo a que toda persona que tiene dinero, debe pagar dinero. Se ve a los políticos como tenedores de grandes recursos y por eso los extorsionan”, refiere el Gobernador.

Por casos como estos, en diciembre del 2010 se realizó una marcha en San Lorenzo.

Allí, la gente protestó en contra de la denomina ‘vacuna’, es decir, en contra del dinero que la gente paga a cambio de una supuesta seguridad que dan desconocidos. En octubre del 2009 también hubo una marcha para pedir más seguridad. Esta convocó a los habitantes la capital esmeraldeña. El atentado en contra de un periodista fue el detonante de esa protesta. Esta vez, la Policía ha identificado a grupos dedicados a la extorsión, vinculados a narcos, como Águilas Negras, Rastrojos y un frente de las FARC de Colombia .

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