Xavier Castro, abogado de los hermanos William y Roberto Isaías, dice que no le sorprende la sentencia. “Ayer en la Corte era un secreto a voces que al señor Roberto Isaías lo estaban condenando a reclusión”. Añadió que la sentencia había quedado lista ayer para ser firmada y notificada, y coincidió con la visita de una abogada del Ministerio de Justicia “seguramente revisando el fallo”.
Según el abogado, los ex directivos de Filanbanco entregaron la entidad al Estado el 2 de diciembre de 1998 y que el delito de peculado fue extendido para alcanzar a los directores y presidentes de bancos según Registro Oficial del 13 de mayo de 1999, casi 6 meses después. Por lo tanto “la ley penal no puede aplicarse en forma retroactiva”.
Castro dice cuestiona la sentencia, ya que solo está firmada por el magistrado Wilson Merino, y recordó la denuncia que hizo el asambleísta Andrés Páez sobre el supuesto aumento de 17 a 27 puntos en los méritos del magistrado. “Tampoco es coincidencia que a Merino le hayan caído dos de los casos en que el Gobierno ha mostrado interés y mostrado interés en ganarnos: El Universo y Filanbanco”.
Aunque no cree en la independencia de la justicia anunció que la sentencia será apelada, así agotarán las instancias nacionales, para luego ir a las instancias internacionales.
“El Gobierno es propietario de una Corte de Justicia que se hizo a su propia medida y necesita a gritos una cortina de humo para que pase inadvertida la ley de Comunicación en la Asamblea”.
Mientras tanto el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, dijo que “termina una lamentable historia para los ecuatorianos”. Explicó que ahora que hay una orden de detención en firma la Fiscalía iniciará el proceso de extradición.
“Los procesos de extradición solo operan cuando hay una orden de detención en firme. En este caso la Fiscalía solicitará en extradición a las personas que han sido condenadas. Ese trámite ya está realizado, pero si es necesario con esta nueva evidencia procesal, y a una sentencia en firme, la Fiscalía iniciará el pedido.
La decisión o no de entregar a una persona que está procesada es decisión soberana del país requerido, por lo tanto el tiempo que se demore es un tema que no lo puedo establecer, pero el Estado hará su mejor esfuerzo para que eso pueda cumplirse”.