6 de January de 2011 00:00

A pesar de la amenaza de desalojo, las familias levantaban sus casas

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Bajo un árbol, en una parada improvisada, junto a la vía de La Ladrillera, Carmen Gómez observó con asombro el intenso movimiento de carros. Motos, camionetas y camiones pasaban cargados con cañas, tablas, planchas de zinc, rumbo a las cooperativas del noroeste de Guayaquil.

“ Desde que anunciaron lo de la reubicación, la gente está alborotada levantando casas. Yo tengo miedo, porque muchos están invadiendo”, dijo la mujer.

Cerca de ella, varios conductores estacionaban sus autos. Unos 20 metros adelante, los costados del camino estaban flanqueados por militares. Con cascos, chalecos y mostrando sus armas cumplieron la misión que les encomendaron: evitar el paso de autos con materiales de construcción.



“Señores, no pueden pasar con esa carga. Por favor, den la vuelta”, repetía el subteniente Édison Carrillo, a cargo de un grupo del Fuerte Militar Huancavilca.

Graciela Vera bajó desesperada de una camioneta. “Por favor, solo voy a llevar unas cositas”, decía, mientras mostraba la cama, mesas, sillas y otros artículos para amoblar su casa de caña en la Cooperativa Ciudad de Dios.

Los ruegos se repetían. Algunos más astutos buscaban rutas alternas. Pero poco a poco, más militares y policías rodeaban el lugar. Bajo el letrero que anunciaba “Bienvenidos a la Voluntad de Dios”, otro grupo hacía guardia.

La orden salió desde la Gobernación del Guayas. 600 militares, agrupados en una unidad especial, fueron designados para controlar las cooperativas Sergio Toral, Monte Sinaí, Fortaleza, Ciudad de Dios y otras aledañas.

Esa fue una de las medidas que tomó el Consejo de Seguridad, tras la reunión de la noche del martes. Ayer, el gobernador, Roberto Cuero, y el jefe del Comando Conjunto, contraalmirante Luis Jaramillo, lo confirmaron.

“Se actuará en el área de reserva del trasvase de Santa Elena. Son unas 9 000 hectáreas, ahora declaradas áreas de seguridad y sobre las que el presidente Correa dijo que no permitirá que invadieran”, dijo Jaramillo. En la mañana, los militares neutralizaron los intentos de construcción. En la tarde comenzaron el desalojo.

 

Con su llegada, el nerviosismo aumentó entre quienes, presurosos, intentaban cercar un pedazo de tierra. Con machetes, picos y palas, hombres, mujeres y niños montaban endebles viviendas en la cooperativa Marcos Moroni II.

Francisco Morán mostraba insistentemente un recibo de pago. “Invertí 4 500 dólares en dos solares hace un año. No podía construir porque no tenía dinero y ahora nos quieren desalojar, no es justo”. La papeleta estaba sellada: “Predios Marcos Solís, fundados el 6 de octubre del 2005”, decía.

Desde que el presidente Rafael Correa dio un ultimátum a los supuestos traficantes de tierras, los vecinos de Moroni II no han visto a Marcos Solís, el líder del sector.

En Ciudad de Dios tampoco hay rastros de Tony Estacio, hermano de Balerio, quien fue detenido el 30 de diciembre. “Desde que Tony se fue, aquí no hay ley”, contó Isabel Lituma. A lo lejos se oía el ruido de machetazos.

Ella observó cómo un cerro, que hasta la mañana lucía verde, era ocupado por varias familias. Padres, hijos, nietos, cada uno buscaban su ‘herencia’, delimitando el área con cañas o cartones. “Esto es tierra de nadie”, dijo una mujer.

Otras extensiones, que hace una semana lucían cubiertas de árboles, ahora están rodeadas por casuchas. Son cientos de linderos marcados con cualquier cosa, desde cintas plásticas de la bandera de Guayaquil hasta retazos de los cartelones del tiempo de campaña del movimiento País.

Dentro de los lotes, que miden entre 6x10 y 8x15metros, se levantan casitas con pilares de caña y sábanas como paredes. En el sector de Los Socales, algunos pintan sus viviendas de verde, el color del oficialismo. Otros sacaron banderas con el rostro del presidente Correa y de asambleístas como Rolando Panchana.

La desesperación por una casa generó altercados en la Cooperativa Sergio Toral I. Un letrero que anunciaba la construcción de viviendas para la Policía terminó en el piso. Los vecinos se apropiaron del sitio y a machetazos ahuyentaron al policía Carlos Estrada.

Mientras tanto, familias enteras pasan la noche a la intemperie en la Sergio Toral III, a la espera de la promesa de reubicación del Presidente. Los niños duermen en colchones sobre la maleza, las mujeres cocinan con leña, los hombres no paran de martillar.

“Queremos un techo”. “Señor Presidente, ayúdenos”. “Hemos aguantado lluvia y sol por vivir aquí”, eran las súplicas. Para reasentar a los moradores, el Gobierno invertirá USD 60 millones. El Ministerio de Vivienda hará los diseños y el censo para determinar el número de habitantes.

50 casas de la Sergio Toral II fueron tumbadas ayer

El manabita Pastor Malo sollozaba, mientras observaba cómo caía la casucha que tres meses antes levantó con cañas, plásticos y zinc sobre un terreno lodoso y cubierto de monte. El hombre, un albañil padre de tres hijos, explicaba a su mujer, por teléfono, como quedó la endeble construcción. Un carro militar la tiró al suelo y luego la aplastó.

El terreno lo adquirió a un supuesto traficante de tierras, en USD 450. Y gastó otros USD 800 en adquirir los materiales para instalarse en el lugar, una invasión que sus ocupantes bautizaron como Sergio Toral II. Hasta el lugar se accede por un polvoriento camino tras un recorrido de hora y media. Unos 300 militares llegaron al sitio a las 16:00 de ayer. Había efectivos de la Marina y del Ejército para cumplir la orden de desalojo dispuesta en la mañana por el gobernador del Guayas, Roberto Cuero, durante la sesión del Consejo de Seguridad.

Pese al disgusto de los ocupantes de los terrenos, no se produjeron altercados entre estos y los militares. Los uniformados utilizaron sus carros tipo Hummer para tumbar las cañas que soportaban la mayoría de las estructuras.

En menos de media hora, unas 50 construcciones se tiraron abajo. En el suelo, sobre un montón de cañas rotas, plásticos y láminas de zinc, Verónica Castro, madre de una recién nacida, se lamentaba. “Quién me devuelve ahora la plata que pagué por el terreno. No hay nadie a quien reclamar, es injusto”, gritaba a los militares que ejecutaban la orden de desalojo.

Los ocupantes de los terrenos pedían que se los censara, y que luego se los reubicara. Muchos mostraban documentos que, afirmaban, certifican que habían comprado el lote de tierra.

Cuero lideró el operativo y se enfrentó cuatro veces con los desalojados. “Ustedes están siendo engañados. No se van a quedar aquí”. Los desafiaba, resguardado de un piquete de militares. 100 uniformados se quedaron haciendo guardia en la zona.

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