7 de September de 2012 00:01

El 98,3% de denuncias relacionadas con trata de personas queda impune

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Lo encontraron con una niña de 10 meses y un cartel con el que pedía caridad. Era 28 de octubre del 2010, en El Trébol, un sector céntrico de Quito. Cristian J. fue arrestado y lo investigaron por supuesta trata de menores para explotación laboral. Tenía 25 años.

Los agentes lo descubrieron cuando pedía dinero a los conductores y transeúntes. Decía que la menor era su hija y que todo lo recaudado era para ella.

Las investigaciones de la Dinapen (Policía especializada en niños) arrojaron más detalles. Cristian J. presuntamente pagaba a los padres de la menor. No se supo el monto, pero lo hacía cada día que utilizaba a la niña.

Este Diario accedió a los archivos de este proceso judicial, y los testimonios que allí constan afirman que los padres de la bebé viajaban por “distintas ciudades” y reclutaban niños para esos trabajos.

Los investigadores no ubicaron a la pareja, pero Cristian J. fue a juicio. Desde el 2010, la Fiscalía ha registrado 289 casos de presunta trata de personas a escala nacional. De ese total, apenas cinco han llegado a condenas. Es decir, solo en el 1,7% de los procesos hubo sentencias en firme.

En el 2011 no hubo una sola condena, pese a que 115 casos ingresaron a la Fiscalía. Es más, 56 de ellos fueron desestimados.

Desde 2010 a julio del 2012, Pichincha es la provincia con más denuncias (76 hechos), seguida por Guayas (51) e Imbabura (31).

Ecuador es considerado por la Organización Internacional para las Migraciones como un país de origen, tránsito y destino para ese delito. En un comunicado del 28 agosto, el Ministerio del Interior incluso reconoció que estos hechos causan “estragos” en el país.

Según cifras del Gobierno, se registran al menos 6 000 víctimas de trata al año. Diego Falconí, subsecretario de Garantías Democráticas del Ministerio del Interior, asegura que es difícil dar una cifra exacta, porque “es un delito invisible y tolerado. Son varios miles de víctimas en el país”.

Lo que sí asegura es que el 66% de personas explotadas son mujeres. “Ellas, por lo general, son menores de edad”, explica Mariana Sandoval, vocera de la Fundación Esperanza. En una investigación que este grupo realizó en el 2002 a escala nacional halló que unas 5 200 adolescentes estaban en redes de trata para explotación sexual. Ese análisis lo hizo por pedido de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las razones de la impunidad

En la investigación de la Fundación se identificaron tres causas para que los juicios no terminen: falta de cifras que permitan políticas de Estado, escasa investigación policial y especializada, como la existente para el narcotráfico; y la desprotección de las víctimas.

Pero según la Fiscalía, el desconocimiento de los jueces sobre el delito es otra razón. “Existe una confusión con la norma. Se reconoce el trabajo sexual voluntario, pero si se vulnera por cualquier razón esa voluntad, ya es trata. Esto confunde”, explicó un fiscal.

Con Cristian J. sucedió algo diferente. En junio del 2011 fue absuelto por el Tribunal Segundo de Garantías Penales. La Fiscalía dice que esto sucedió, porque los jueces dijeron que no hallaron “suficientes indicios” del lucro y porque la menor no tenía una identidad. La Fiscalía apeló esta resolución y en abril del 2012 la Corte de Pichincha dictó 12 años de reclusión mayor extraordinaria en su contra. Esta es la única sanción en firme de este año.

Para Renato Vásquez, juez de la Segunda Sala Penal de la Corte de Pichincha, el aporte de los afectados es clave en el juzgamiento. “Las víctimas no asumen su papel y creen que contribuyeron a ese delito”, asevera. Por eso opina que se requiere de un equipo de psicólogos que ayuden a los afectados , con la finalidad de que declaren y que el juez y los fiscales puedan sustentar los casos.

La Fundación Nuestro Jóvenes calcula que el 99% de los casos que han llegado allí quedaron en la impunidad. Margarita Carranco, su presidenta, dice que 500 adolescentes han sido protegidas en este lugar desde el 2005. “Pero son miles”, enfatiza. “Si el Estado ordenara operativos a escala nacional en los clubes nocturnos, la Fundación sería insuficiente”. Eso, para Carranco, significa que las menores de edad están en desprotección en el Ecuador.

Sanciones para los delitos

En el Código Penal vigente, la trata de personas se sanciona con penas de entre 6 a 16 años de cárcel. En la propuesta que reposa en la Asamblea, el Código Penal Integral (CPI) endurece las penas y estas van de 19 a 28 años.

Benerice Cordero, de Protección Integral de la Unicef, cree que esta propuesta es un avance.

Recuerda que en el 2005 fue la primera vez que ese delito fue tipificado. Ocurrió después del caso Burdet-Cedeño, donde la pareja fue acusada en el 2004 de integrar una red de pornografía infantil en Galápagos y que involucraba a 50 menores. “La Fiscal de entonces tuvo que usar otras figuras legales para acusarlos. Ahí el país tomó conciencia del delito”.

En el caso de Cristian J., la niña que aparentemente era usada para la mendicidad desapareció con su madre. Hasta ayer, en la Fiscalía no se sabía dónde se encontraban. Para el detenido, en cambio, la Corte Provincial ordenó que sea recluido en una de las cárceles para que pagara su condena por cometer presunto delito de trata de menores.

Clic aquí para ver la infografía

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