La noticia la conocieron por televisión. Los esposos Nelson Andrade y Fabiola Chauvín se enteraron por las noticias que el Gobierno estaba por decretar el feriado bancario, que se concretó ese 8 de marzo de 1999. Se tomaron la mano y se miraron a los ojos. “¿Qué va a suceder con nuestro dinero?”, se preguntaron con preocupación.
Dos meses antes, ellos invirtieron cerca de USD 16 000 de su liquidación en la compra de certificados de depósitos del Banco La Previsora. Su meta era ganar intereses a través de una inversión.
Sin embargo, ese objetivo nunca se cumplió. Apenas en octubre del año pasado, lograron recuperar todo el dinero que habían entregado a La Previsora y que durante el salvataje bancario pasó a ser manejada por Filanbanco.
Ayer, al conocer que los hermanos Roberto y William Isaías, así como Juan Franco Porras, Gastón García, Leonardo Navas y Antonio Arenas, fueron sentenciados a ocho años de reclusión por el delito de peculado, Andrade y Chauvín sintieron que se hizo justicia. “Recuperamos el dinero a cuentagotas, luego de 12 años. La verdad es que para vivir tuvimos que limitarnos en los gastos personales y de la casa”, narró Andrade.
La sentencia de la Corte Nacional fue notificada entre la tarde y noche del martes en los casilleros judiciales de la defensa de los procesados. En una rueda de prensa, que ayer se realizó en el primer piso de la Corte Nacional de Justicia, los jueces Wilson Merino, Jorge Blum y Paúl Íñiguez dieron detalles de la resolución.
Los judiciales explicaron que a más de los seis investigados, también Jorge Egas Peña, ex superintendente de Bancos y Luis Jácome Hidalgo, del Banco Central en 1998, fueron sentenciados a tres años de reclusión mayor ordinaria por una supuesta complicidad en el delito de peculado.
“Los sentenciados quedan en interdicción mientras dure la condena; así como, se suspenden sus derechos de ciudadanía por el mismo tiempo. Por tanto, gírese las correspondientes boletas constitucionales de encarcelamiento y ofíciese al señor comandante general de la Policía Nacional, así como al señor jefe nacional de la Policía Judicial, a fin que se proceda a su localización y captura”, reza el documento.
Además, los sindicados Boanergues Pereira, Daniel Rodríguez, Gloria Ávila, María del Carmen Morla y Tyrone Castro fueron declarados inocentes y fueron absueltos de los cargos que se les imputan. Esto -según la Corte- por no haberse comprobado su culpabilidad en este hecho.
Durante la investigación, 54 jueces trataron el caso Filanbanco desde que comenzó. En la resolución se enfatiza que “se puede determinar con objetividad que en la conducta de los sindicados como autores y cómplices hay dolo directo. Este se hace evidente cuando el ex administrador del Filanbanco crea empresas vinculadas y fantasmas para beneficio propio y de terceros”.
Además, el documento refiere que los sindicados abusaron de los fondos públicos. Para ello crearon compañías fantasmas que beneficiaban de manera procesal a terceros.
Fabiola Chauvín trabajó como profesora de colegios durante 25 años en Quito y Nelson Andrade laboró en una fundación de servicios agrícolas. En los 12 años que esperaron para recuperar el dinero, sobrevivieron con sus pensiones de jubilados, las cuales también fueron afectadas cuando el país fue dolarizado.
Andrade no recuerda los montos exactos, pero afirma que el cambio de moneda le perjudicó. En el cambio de USD 1 por cada 25 000 sucres le permitió recibir solo el 25% de su pensión. También rememora que las noticias del feriado bancario se regaron como pólvora en el Ecuador con secuelas negativas para le gente: viajes de ecuatorianos a Europa para trabajar, suicidios y pérdidas económicas fuertes.
En ese tiempo hubo marchas en las se exigía la devolución del dinero. En estas intervinieron servidores públicos, jubilados, jóvenes y estudiantes. A finales de julio del 2003, tres niños participaron en la marcha de los Acreedores del Filanbanco que finalizó en las afueras de un edificio ubicado en la avenida Amazonas y Roca.
Ellos portaban carteles con las leyendas “Dónde está la plata para nuestra educación” y “Queremos nuestra plata”. Ellos protestaban porque su padre no podía retirar el dinero que había ahorrado para su educación secundaria.
Para Óscar Ayerve, ex presidente de la Junta de Acreedores de Filanbanco, “la sentencia de ayer sería solo el inicio de un proceso que debe dejar precedentes y que no es suficiente porque no se han cumplido los tres puntos por los que se creó la Junta”. El primero es que todos los acreedores tienen que recuperar su dinero, “pero hasta la actualidad quedan cerca de 60 000 personas con depósitos por cobrar, afirma”. El segundo es que se cobre las deudas a las personas que tenían cuentas pendientes con el banco y por último que sean sancionados los responsables del delito (de peculado).
Según Ayerve, además, “no es suficiente con sentenciar a los Isaías y a algunos cómplices; porque hay personas de la Agencia de Garantías de Depósitos, de la Administración del Banco y encargados de la liquidación que tampoco supieron regular el hecho y deberían ser investigados”.
Al final de la rueda de prensa, el juez Merino señaló que la sentencia puede ser apelada por la defensa de los sentenciados ante un tribunal de la Corte de Justicia, pero no existe la posibilidad de aplicar el recurso de casación.
Los ocho sentenciados tienen tres días para apelar el dictamen, cuyo plazo comenzó ayer. La defensa puede aplicar los recursos de aclaración y ampliación.
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Puntos de vista
Xavier Castro Muñoz. Abogado hermanos Isaías
‘Es el regreso de Chucky Seven, seguramente llevaron un pen drive’
La sentencia es totalmente ilegal, inconstitucional y violatoria de los DD.HH. Apelaremos y llegaremos hasta la casación y al recurso extraordinario. No confiamos en la siguiente instancia tampoco. El Gobierno es propietario de una Corte que se hizo a su propia medida y necesita a gritos una cortina de humo por la Ley de Comunicación. No hay posibilidad de extradición con un fallo dictado por un chullo juez. Ayer (martes) en la Corte era un secreto a voces que al señor Roberto Isaías lo condenaban a reclusión. Diego Guarderas y otra abogada del Ministerio de Justicia visitaron a Wilson Merino. Es el regreso de Chucky Seven, seguramente llevaron la sentencia en un ‘pen drive’ o fueron a revisar en la computadora del juez que la sentencia esté conforme a los intereses del Gobierno. No me extraña la actitud del juez que fue favorecido con 10 puntos más para que se presentara al examen para integrar la nueva Corte Nacional; y, no en vano ha tenido los casos de El Universo y Filanbanco por obvias razones.
Galo Chiriboga. Fiscal General del Estado
‘Termina una historia lamentable, agradezco a la Corte Nacional’
Con este caso termina una historia lamentable para el país. 13 años de juicios que hemos logrado concluir. Agradezco a la Corte Nacional por haber tramitado este tema. Quisiera precisar algo, la argumentación corresponde a 12 años de juicios y miles de fojas de expediente. De acuerdo con el Código de Procedimiento anterior llegamos a una etapa donde ante la Corte se hacía prueba y por lo tanto el expediente es mucho más reducido, y esa es la razón por la que en un tiempo relativamente corto se ha dictado esta sentencia. La sentencia de la Corte Nacional es la última. Teóricamente podrían acudir a la Corte Constitucional, es una posibilidad, pero dadas las condiciones del caso, jurídicamente no es procedente, aunque pueden hacerlo. La extradición opera cuando hay una orden de detención en firme. La Fiscalía solicitará en extradición a las personas que han sido condenadas. Ese trámite ya está realizado, pero si es necesario con esta nueva evidencia procesal, y a una sentencia en firme, la Fiscalía iniciará el pedido.
Los bienes incautados
En marzo pasado, el titular de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (Ugedep), Pedro Delgado, alabó su gestión frente a la administración de los bienes incautados a los ex dueños de Filanbanco, en julio del 2008.
Entre los 200 bienes incautados estuvieron los canales TC Televisión y Gamatv, el Ingenio Azucarero Ecuados (La Troncal), EICA, Tanasa, Maxigraf, y otros.
Pero para el abogado de los Isaías, la rendición de cuentas del funcionario estuvo llena de imprecisiones. “El Ecuador no sabe cuántos cientos de millones de dólares están bajo esa administración”. Además, que el informe menciona valores “recuperados” a través de remates y subastas, pero no los que faltan por recuperar.
“Lo que es peor aún, no sabemos qué destino se le dan a los beneficios que reciben las compañías incautadas o cómo se manejan las pérdidas de las empresas”. Eso le menciona el abogado Xavier Castro a Pedro Delgado en una carta enviada el 9 de abril.
El proceso legal en contra de los hermanos Roberto y William Isaías duró 12 años
11/03/1999
El presidente Jamil Mahuad firmó el Decreto 685 para congelar las cuentas bancarias. Dos días antes, el superintendente de Bancos, Jorge Egas, explicó que el feriado era para preservar la reserva monetaria internacional.
22/06/2000
La Corte Suprema dictó auto cabeza de proceso contra Roberto y William Isaías y otros por manejo fraudulento de los créditos del Central. Mariana Yépez, ex fiscal, formuló la Excitativa Fiscal para investigar esos usos.
19/03/2003
Armando Bermeo, ex presidente de la CSJ, dictó auto de llamamiento a juicio plenario por peculado contra los Isaías. El 12 de mayo del 2009, la Primera Sala de lo Penal de la CNJ confirmó el llamamiento a juicio.
03/08/2010
Felipe Granda, conjuez presidente de la segunda Sala Penal de la CNJ, confirmó las medidas cautelares sobre los procesados y dispuso comunicarlo a la Policía e Interpol. Los afectados realizaron varias protestas (foto).
10/04/2012
Los jueces de la sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, Wilson Merino, Paúl Íñiguez y Jorge Blum sentenciaron a ocho personas y absolvieron a cinco. Sus derechos, como ciudadanos, quedaron suspendidos.