1 de September de 2012 00:03

361 empleados de prisiones fueron separados con resguardo militar

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Policía y militares en las puertas de la prisión. Ningún extraño podía entrar al penal García Moreno ni a las cárceles dos y tres que operan en el centro de Quito. Los que manejan el complejo penitenciario permanecieron en silencio.

“No pasa nada, todo está tranquilo”. Esto fue lo único que dijo un policía. Un carcelero con camuflaje y botas lo respondió en voz baja: “Para ellos no pasa nada, pero estamos asustados, porque botaron a nuestros compañeros”.

La explicación de lo que sucedía llegó en la tarde. El Ministerio de Justicia apenas remitió un comunicado. Allí se confirmó que en el país fueron separados 361 funcionarios de esta Cartera de Estado, que la mayoría es guía, pero no se indicó cuánto se invertirá en este procedimiento.

La versión oficial fue que el Gobierno compró las renuncias y que aquello “se enmarca en el proceso de reestructuración del sistema penitenciario”. Luego se dijo que “se hace necesario contar con personal bien capacitado”.

Un guía escuchó esta aseveración y fue categórico: “Todos son solamente pretextos. Hemos recibido cursos. Somos capacitados académica y físicamente”.

Unos celadores hablaron, otros prefirieron callar. Los que sí lo hicieron dieron detalles de lo que sucedió en la mañana. “Entramos normalmente como todos los días y poco a poco notificaron a los que debían irse. Algunos tienen niños pequeños, otros mantenían deudas”, contó un empleado.

La mayoría de separaciones se produjo en Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Machala, Ibarra y Portoviejo. Los puestos serán reemplazados por nuevo personal.

De hecho, ayer se integraron 337 nuevos celadores. Con ellos sumaron 522 a escala nacional.

Uno grupo de ellos se graduó en la Escuela Politécnica del Ejército (afueras de Quito) el 17 de agosto. Allí, la ministra de Justicia, Johana Pesántez, aseguró que “el gobierno está invirtiendo en rehabilitación social”.

Los alumnos aprobaron materias como Seguridad Penitenciaria, Códigos Formales e Informales, Comunicación, Derechos Humanos, Ética y Moral, Realidad del Sistema de Rehabilitación Social, entre otros.

Esto se complementó con un perfil psicológico, físico y académico de los aspirantes.

“En el pasado, los encargados de la custodia de las personas privadas de libertad no recibían una capacitación para emprender sus labores”, aseguró Pesántez.

Esta no es la primera vez que se produce la salida de funcionarios. El 8 de mayo del 2012, también dejaron sus cargos 465 personas.

En ese entonces, por ejemplo, la llegada de 39 nuevos celadores al Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Quito causó malestar a 37 antiguos custodios. Esto, no por el cambio de guardia, sino porque recién en ese momento recibían una comunicación escrita del Ministerio de Justicia en la cual les anunciaban su separación de la institución.

La selección del nuevo personal comenzó a inicios del 2011. Los aspirantes debieron someterse a pruebas físicas, psicológicas y académicas, a los que inicialmente se resistieron.

Según el Gobierno, los cambios se producen con base en la Ley Orgánica de Servicio Público. El artículo 47 contempla “la compra de renuncias con indemnización”. Además, una modificación a esta normativa (Decreto Ejecutivo 813) facultó a las instituciones del Estado a establecer “planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización..., en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas”.

Los guías que se quedaron están temerosos. Uno de los que trabaja en las cárceles de Quito dice que hasta el año pasado eran unos 300 y que ahora quedan 80 antiguos. “Ya nos están diciendo que nosotros también vamos a salir de nuestros puestos en diciembre”.

Para hoy está previsto que las visitas a los prisioneros se realicen con normalidad, aunque los 30 militares y unos 20 policías tienen la orden de permanecer en el lugar para evitar cualquier inconveniente. El patrullero tampoco se movió. Permaneció cerca a la puerta de la prisión.

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