28 de May de 2010 00:00

221 muertes violentas en el 2010

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Redacción Guayaquil

‘Cerrado por duelo”. La frase estaba escrita ayer en una hoja de papel bond, pegada en la puerta de ingreso al patio de venta de vehículos Disautos. El negocio está localizado en la av. Miguel H. Alcívar y Pompilio Ulloa, en el norte de Guayaquil.

Era la evidencia de un asesinato que se produjo el martes. El propietario del local, Manuel Baquerizo, de 41 años, fue asesinado ese día cerca de las 17:50.

fakeFCKRemoveEn la Brigada de Homicidios de la Policía Judicial (PJ) se dijo que un desconocido ingresó al local y le disparó por la espalda, por varias ocasiones.

La víctima se disponía a enviar un fax desde su oficina cuando recibió los tiros. Según el protocolo de la autopsia, dos proyectiles perforaron el tórax, otro ingresó en la cabeza y un cuarto llegó al brazo izquierdo.

Tras efectuar el ataque, el desconocido huyó en la misma motocicleta en la que llegó, acompañado de otro tipo. “Queremos que se investigue lo sucedido”, dijo su hermano, Jorge Zambrano, cuando presentó la denuncia en el Ministerio Público.

Lo mismo pidió la madre de la víctima, Gladys Zambrano, quien aseguró que su hijo no tenía problemas con nadie y era sociable con sus clientes.

Otro crimen con similares características ocurrió el 12 de mayo pasado, en el portal del local denominado Autofast, de la vía Juan Tanca Marengo.

Carlos Rafael Uquillas Barrera, de 49 años, quien se encargaba de buscar clientes para ese establecimiento, fue abaleado en la cabeza. Eran las 11:00.

El responsable, según un testigo, era de contextura delgada y vestía una camiseta blanca. Lo sorprendió por detrás mientras conversaba con el dueño de ese negocio, Luis Orrantia Iturralde. El criminal también huyó en una motocicleta de color negro.

Reportes de la Brigada de Homicidios de la PJ dan cuenta que este tipo de hechos son recurrentes en el Puerto Principal.

Describen la presencia de motorizados en ejecuciones ocurridas en diversos sectores de Guayaquil, generalmente en el sur y en el suburbio porteño.

Pese a ello, esta Brigada no tiene cifras que revelen los niveles de muertes por sicariato que se reportan en esta ciudad. Solo refieren que entre enero y abril pasado hubo 221 muertes violentas. También detectó que 66 fallecidos tenían antecedentes penales.

Esta última particularidad fue detectada en los casos de Baquerizo Torres y Uquillas Barrera. El primero de ellos tenía una detención por supuesta estafa, el 28 de marzo de 1991. El otro también tuvo un arresto, el 1 de noviembre de 1994, por tenencia ilícita.

Edmundo Mera, jefe de la Policía Judicial, mencionó este miércoles que se detuvo a un sicario, pese a no reconocer a estas acciones como delito, porque no están tipificadas en la Ley.

En las últimas semanas, el tema del sicariato se convirtió en una preocupación para las autoridades policiales y gubernamentales. Se han anunciado acciones.

El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, y el comandante general de la Policía, Freddy Martínez, dijeron la semana pasada que en tres meses comenzarán a ejecutarse los controles a los motociclistas en el país.

Esas medidas contemplan principalmente el uso obligatorio de casco y chaleco reflectivo con el número de la placa del vehículo. La medida se anunció desde el 2006, pero en medio del rechazo de los motociclistas.

Uno de los primeros anuncios en este sentido lo hizo el ex ministro de Gobierno Felipe Vega, en mayo del 2006. En esa época, él dio a conocer la resolución 019 del Consejo Nacional de Tránsito que estableció que las motocicletas eran vehículos unipersonales y que en caso de llevar a otra persona, deberá contar con un asiento posterior. Sus pasajeros, decía la norma, deben portar cascos y chalecos con numeración.

Vega también notificó que se elaboraría un proyecto para reglamentar la circulación de motos.

Ese anuncio fue cuestionado por la Asociación Ecuatoriana de Motociclistas. Su directivo, Ricardo Rocco, calificó la medida como inconstitucional y señaló que los estigmatizaba como delincuentes. “Estoy seguro que más atracos se han cometido en automóviles y en otro tipo de vehículos que en motocicletas”, dijo Rocco en esa ocasión. Hubo marchas y hasta una demanda pidiendo su inconstitucionalidad.

Dos años después, la presidenta de la Comisión de Movilidad del Municipio de Quito, Patricia Ruiz, puso el tema nuevamente en escena. Ella buscaba que sirviera para reducir el número de accidentes producidos por motocicletas en la capital. Su iniciativa fue cuestionada.

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