3 de May de 2010 00:00

El 21% de detenidos en la Policía Judicial tiene arrestos múltiples

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Geovanny Tipanluisa. Redactor

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Dice llamarse ‘Pulga’. Es pequeño, delgado y viste pantalones sucios. El viernes fue detenido en el sector de El Camal (sur de Quito), cuando supuestamente intentaba robar a un pasajero que viajaba en un bus de la cooperativa Colón-Camal. Con esposas en las manos, el joven de 20 años fue llevado a la Policía Judicial (PJ).

Allí intentaba convencer de su inocencia a los agentes; decía que solo viajaba en el bus para ir a encontrarse con su esposa que “trabaja en un hotel cinco estrellas” del norte de la ciudad. “No hice nada, de ganita me cogen y me traen acá (...) Mi señora es gerente, tengo dinero suficiente y no necesito robar a nadie”. No obstante, en la base de datos de la Policía Judicial (PJ), él registra seis detenciones por cometer delitos, como asalto a mano armada.

El subjefe de la PJ de Pichincha, Rodrigo Cartagena, dice que es “muy frecuente” que los detenidos que ingresan a esta dependencia registren arrestos anteriores. Según las estadísticas oficiales, el 21% de los acusados cuenta con dos o más aprehensiones previas. Allí incluso constan quienes dejaron las cárceles por méritos o los que se acogieron al 2x1.En la Dirección Nacional de Rehabilitación Social se registra que 1 989 prisioneros salieron libres “por buena conducta” entre el 2008 y el 2009. De ellos, 435 volvieron a prisión. En esos años también lograron la libertad 164 sentenciados que se beneficiaron del 2x1 (salieron luego de cumplir con la mitad de la condena). Pero 36 cometieron otro delito.

No todas las personas que volvieron a ser detenidas están calificados como reincidentes. Según el artículo 77 del Código Penal, una persona es tipificada como tal solo cuando recibe sentencia en firme en dos o más ocasiones.

Por eso, el ministro de Justicia, José Serrano, señala que las reincidencias son mínimas. “Solo 20 de 1 300 personas que fueron indultadas están otra vez detenidas. Las estadísticas son bajísimas”.

Con base en estos datos, el funcionario desestima las acusaciones del asambleísta Andrés Páez, quien señala que la liberación de detenidos “con la ayuda de la Defensoría Pública (DP) aumenta la delincuencia en el país”.

El titular de la Defensoría Pública, Ernesto Pazmiño, reconoce que desde el 2007 este organismo ha liberado a unos 8 000 prisioneros en todas las provincias. “Era gente sin sentencia, que no tenía abogados para la defensa”.

Pese a sus seis detenciones previas, ‘Pulga’ ha sido sentenciado solo una vez: cumplió una condena de ocho meses de prisión por asalto a mano armada en el ex penal García Moreno. En el resto de causas no hubo acusación ni acusadores y, por lo tanto, no está catalogado como reincidente. “Sí estuve en el penal, pero me culparon injustamente”, se justifica.

De allí la crítica que el fiscal coordinador de la Unidad de Delitos Flagrantes, Iván Ron, hace al sistema de rehabilitación. “Aquello no existe, no hay rehabilitación social en las cárceles”.

Eso también molesta al director nacional de la Policía Judicial, Rodrigo Suárez. “Quisiéramos tener la Ley para que esos casos no se vuelvan repetitivos, es decir, que una persona sea detenida cinco, seis, ocho y hasta 15 veces y que por el tipo de delito no se pueda hacer nada”. Según Suárez, todo depende del sistema judicial.

El 22 de abril, Pazmiño incluso denunció públicamente que el recurso del 2x1 corre el riesgo de “convertirse en un gran negocio”. “Los internos me han contado que hay funcionarios que les dicen: si no me das dinero te paso un parte por mal comportamiento. Eso te rebaja puntos y no te podrás acoger al 2x1”, manifestó

La rebaja de penas está en manos de los directores de prisiones y de Rehabilitación Social. El Pleno de la Corte Nacional les dio esa potestad el 26 de agosto del 2009. Según el artículo 203 de la Constitución, la tarea de revisar las panas corresponde a los jueces de garantías penales, pero esos funcionarios no son nombrados.

El penalista Gilberto Carrasco dice que detrás de este problema está el drama de las víctimas.

Rosario M. recuerda cómo su ex empleada, el hijo y el cuñado de esta ingresaron en la madrugada a la casa de su padre e intentaron asesinarlo luego de robar las joyas. La señora denunció a los tres por tentativa de asesinato y luego de un año de juicio la ex empleada fue condenada a tres años de prisión y los dos familiares a ocho años. La primera ya dejó la prisión, pese a que cumplió apenas la mitad de la condena. “Eso me causó un ataque de nervios. Tenemos miedo de que se vengue. Lo peor es que mi papacito continúa enfermo a causa de ese hecho”.

Ese miedo también está latente en Fabricio C. Luego de que su hijo fuera asesinado con tres puñaladas en una discoteca del sur de Quito planteó un juicio en contra de dos sospechosos. Los jueces hallaron culpables a los dos y los sentenciaron a 16 años. Cumplieron ocho y salieron libres. “No me explico cómo ocurre. A mi hijo le botaron en el río. Lo encontramos casi desfigurado, era nuestro primer niño, el más consentido. Ahora los culpables de la muerte están libres y nosotros con miedo de que nos hagan algo”.

Estadísticas de la Fiscalía precisan que el 99% de las víctimas no tiene protección del Estado.

En seis meses que lleva como juez vigésimo primero de Garantías Penales, Santiago Coba recuerda que juzgó a una persona con 16 detenciones previas. Experiencias similares ha palpado la jueza vigésima tercera de Garantías Penales, Tania Molina. Ella niega que los jueces dejen en libertad a los acusados. “En tenencia de armas, por ejemplo, vienen cuatro detenidos, pero solo se puede acusar a uno, porque físicamente no todos pudieron tomar el arma al mismo tiempo. En eso no nos hemos puesto de acuerdo con la Policía y se molestan. Tampoco tenemos colaboración de los afectados y si no hay acusación los detenidos pueden salir libres”. El viernes, el pasajero del bus hizo que detuvieran a ‘Pulga’, pero no puso denuncia alguna. Los policías de la PJ señalan que en estos casos los detenidos son liberados de inmediato.

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