12 de April de 2011 00:00

168 dados de baja se reintegraron a la Policía

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Carlos N. (nombre protegido) fue dado de baja en filas de la Policía en el 2003. El Tribunal de Disciplina de esa institución lo encontró culpable de posesión de drogas en su casa. Cinco años después apeló la sanción alegando la nulidad del juicio y un juez ordenó su reincorporación.

En la actualidad, el uniformado exige una compensación superior a los USD 70 000 por sueldos, bonificaciones, condecoraciones, aportes al Seguro Social Policial y servicio de Cesantía.

Al igual que Carlos N., 168 policías, de un total de 789 (610 por cometer actos delictivos), que recibieron la baja fueron reincorporados entre enero del 2006 y marzo de este año.

fakeFCKRemoveEstas reintegraciones han incomodado en las filas policiales. Incluso, el general Nelson Arguello, inspector general de la Policía Nacional, reconoce que estas afectan negativamente. “Automáticamente tiene una incidencia en la moral de compañeros. Quienes actúan con ética ven cómo personas que han dañado la imagen de la institución y han cometido actos irregulares vuelven con una tranquilidad pasmosa”.

El Jefe policial además dice que esta situación genera desconfianza dentro de las filas y también ante la sociedad.

¿Existe algún riesgo de que, por ejemplo, delaten a los demás miembros ante mafias u organizaciones delictivas? Arguello señala que los agentes “ven con dificultad aceptarlos como compañeros confiables de trabajo”. Pues en la mayoría de casos, son restituidos a las actividades que se dedicaban antes de la sanción.

Estas reincorporaciones son resueltas por jueces civiles, tras las apelaciones interpuestas por los policías sancionados.

Por ejemplo, un oficial subalterno fue separado tras determinarse su mala conducta profesional por participar en el intento de fuga de Óscar Caranqui, sentenciado por tráfico de drogas. El uniformado sancionado presentó un recurso de amparo constitucional y la hoy Corte Constitucional confirmó la decisión del Juzgado VIII de lo Civil de Pichincha de disponer la restitución del agente.

El argumento del apelante fue que este se enfrentó a dos acciones similares por un mismo hecho. Pero, según la Policía, se trató de dos juzgamientos diferentes, uno penal tramitado en el fuero común y otro administrativo, en el fuero policial.

Hay restituciones que ocurrieron después de hasta 20 años de separación. Eso implicó altas erogaciones económicas, aunque Arguello no precisa la cifra.

Daniel Pontón, experto en Seguridad, asegura que los casos son devueltos y se termina dando la razón al apelante porque “los procesos de juzgamiento son mal hechos y porque los procedimientos no se apegan a la Constitución, que es garantistas a favor de los derechos de toda persona”.

El experto también considera que se debe a un modelo institucional con carácter de inquisidor. “Si bien la Policía insiste que por su condición necesita procedimientos internos más severos, necesita un modelo institucional que esté ligado a los derechos y que respeto los procesos”.

En ese sentido, la nueva Ley Orgánica habla de temas disciplinarios y de una depuración de filtros institucionales como el proceso de selección de aspirantes. “Eso ayudará evitar que se destituya y luego se restituya en desmedro de la imagen de la Policía ante la ciudadanía”, manifiesta Pontón.

En tanto, las bajas en sí -dice Nelson Arguello-, desmejoran la imagen de la Policía como institución. No obstante, “los casos que más daño causan se refiere a aquellos que han sido sorprendidos en pleno acto delictivo como el ocurrido con un subteniente inculpado presuntamente de participar en el asalto a un almacén del sur de Quito”.

Entre los 789 sancionados están quienes cometieron faltas disciplinarias profesionales (por ejemplo, presentarse en estado etílico) y también aquellos que fueron involucrados con bandas delictivas, de narcotráfico, etc.

Pero también aquellos que cometen actos de soborno, como el caso de un agente al que se le descubrió facilitando prospectos y obviaban algunos requisitos a los aspirantes a cambio de dinero. Según Arguello, el caso de este oficial fue puesto a órdenes del respectivo consejo de juzgamiento para analizar su baja de las filas policiales. A la par la Fiscalía inició un proceso investigativo.

La semana pasada, Patricio Pazmiño, director de la Policía Judicial Nacional, reconoció que el uniformado presuntamente implicado en un asalto en el sur de Quito se le abrirá un sumario administrativo.Igual su caso también pasó a la justicia ordinaria.

Dentro de la institución policial, el inculpado es juzgado por un Tribunal de Disciplina o por un Consejo, dependiendo de la falta y de su jerarquía. Igual, puede presentar pruebas de descargo y descargo, además de contratar su propia defensa o de acogerse a un abogado institucional.

Pontón considera que el caso del general Jaime Hurtado Vaca debe ser tratado en lo penal, ya que él ahora está fuera de la Policía. El oficial, según los cables filtrados por Wikileaks, supuestamente habría obtenido propiedades y dinero en forma irregular.

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