La demolición de casas de caña se extendió ayer a la cooperativa Marco Moroni II, al noroeste. La acción es parte de la decisión gubernamental de poner freno a las invasiones en Guayaquil.
Unos 150 policías y miembros de las Fuerzas Armadas, liderados por Jacqueline Hurtado, comisaria tercera, derrumbaron al menos 10 casas deshabitadas.
Además, apoyados con cuatro retroexcavadoras, se tumbaron cercas de caña en terrenos.
Muy temprano, los operativos estuvieron a punto de provocar incidentes. Un desalojo producido la noche del miércoles en la cooperativa Sergio Toral III, causó ayer reacción.
Con indignación familias que quedaron en la calle, así como vecinos, trataron de impedir el paso de los militares. Hubo forcejeos que fueron controlados por la Policía.
Los protestantes exigían que se demuela una casa de cemento, color amarillo, de Angélica López. A ella la acusan de ser quien les cobraba las mensualidades por los terrenos, así como el cobro de la luz.
La comisaria Hurtado y el personal uniformado se trasladaron, cerca de un kilómetro de allí, a la zona de Marco Moroni II. La demolición de casas despertó temor en moradores.
Allí, la autoridad mostró su lado más humano. Ordenó la suspensión de la demolición de una pequeña casucha. Sus habitantes, una adulta y su hijo tienen discapacidades.
Cada casa y cerca derrumbadas era registrado con equipos de localización satelital GPS.