30 de septiembre de 2014 06:35

Sarayaku, historia de una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos

Felix Santi, presidente de la comunidad, se reunió con autoridades del gobierno. Foto: Patricio Terán

Felix Santi, presidente de la comunidad, se reunió con autoridades del gobierno. Foto: Patricio Terán

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Redacción Política (I)

La historia del pueblo sarayaku es uno de los casos emblemáticos de la resistencia indígena por la defensa de su territorio. Este pueblo kichwa de Pastaza, luego de una larga lucha, consigue del gobierno de Rodrigo Borja el título propiedad de más de un millón de hectáreas, en 1992.

Sin embargo, cuatro años más tarde, el Estado concesionó a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC) el bloque petrolero 23, que comprendía 200 000 hectáreas. El 65% de esa concesión afectó al territorio de Sarayaku, sin haberlo consultado y menos aún pedir consentimiento al pueblo.

En el 2002, Sarayaku se declara en emergencia durante siete meses para detener la campaña sísmica. Hombres, mujeres, jóvenes y niños se movilizaron y establecieron los denominados “campos de vida” en medio de la selva.

Las cosas se complicaron el 25 de enero del 2003: efectivos del Ejército y trabajadores de la CGC secuestraron a cuatro jóvenes de la comunidad. Ese mismo año, los dirigentes de la población acudieron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y solicitan su intervención para salvaguardar sus derechos.

La Comisión acogió su pedido en mayo de ese mismo año y dictó medidas cautelares, pero el Estado ecuatoriano las desoyó. En julio del 2004, la Corte Interamericana de Derechos humanos dictó medidas provisionales favor de los sarayakus.

Estas medidas buscan proteger la vida e integridad de los miembros de Sarayaku. La investigación de los hechos de violencia cometidos en su contra y la garantía efectiva del derecho al libre tránsito violentado por el arbitrario bloqueo del Río Bobonaza efectuado por aliados de la petrolera, sirvió como medida de presión para que Sarayaku desista de las acciones legales emprendidas.

El Estado ecuatoriano no cumplió ninguna disposición de la Corte que no solamente ratificó las medidas sino que dispuso que, además, se retirasen, de manera urgente, los explosivos dejador por la CGC.

El Estado tomó su propia iniciativa en el 2006 y presentó, en una nueva audiencia, a kichwas de Pastaza para que declarasen en su contra. Con ello, la Procuraduría General del Estado propuso una solución: retiro voluntario de la empresa CGC del bloque 23 y reconocimiento y disculpas públicas por violaciones de Derechos Humanos cometidas en contra de Sarayaku.

El 6 de julio del 2011 se realizó una audiencia entre el Estado y el pueblo indígena Sarayaku, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de juzgar al Estado Ecuatoriano por el otorgamiento de una concesión petrolera en tierras ancestrales del pueblo Sarayaku, sin contar con el consentimiento previo de las comunidades y la violación de los derechos humanos de los indígenas.

La audiencia duró dos días y se desarrolló en la ciudad de San José en Costa Rica.

El 26 de julio de 2012, la comunidad indígena sarayaku, asentada en el centro de la Amazonía, expresó su satisfacción por la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado, por la vulneración de sus derechos.

Ese tribunal condenó a Ecuador por otorgar a inicios de los años 90 una concesión petrolera en territorios de los sarayaku sin consultar con las comunidades nativas, opuestas al proyecto.

La sentencia obliga al Estado a organizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en este caso, el pago de una indemnización y el retiro de todos los explosivos “sembrados” por la petrolera en la selva.

Dos años después, el Estado cumplirá con la sentencia. ​

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