5 de enero de 2017 22:11

Medios de comunicación privados fueron los más sancionados desde el 2013

En el libro 'El delito de expresarte' se recogen nueve lecturas críticas de la aplicación de la Ley de Comunicación en Ecuador. Foto: EL COMERCIO.

En el libro 'El delito de expresarte' se recogen nueve lecturas críticas de la aplicación de la Ley de Comunicación en Ecuador. Foto: EL COMERCIO.

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Diego Puente

En el libro 'El delito de expresarte' se recogen nueve lecturas críticas de la aplicación de la Ley de Comunicación en Ecuador. El texto fue presentado, la noche del jueves 5 de enero del 2014, en el Paraninfo de la Universidad Andina, en Quito.


Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha editaron el libro. César Ricaurte, principal de Fundamedios, expuso que desde el 2013, cuando se aprobó la Ley de Comunicación, hasta el 2016, hubo 606 procesos abiertos en contra de periodistas y medios de comunicación nacionales.

De ese número, 462 casos han llegado a sanciones ordenadas principalmente por la Superintendencia de Comunicación y por seis intendencias zonales.

El 97,45% de los casos sancionados corresponden a procesos iniciados en contra de medios de comunicación privados; mientras que el 2,21% obedece a expedientes en contra de medios públicos. "La Ley ha sido aplicada de manera arbitraria contra los medios privados", dijo Ricaurte

A la presentación del libro le siguió un conversatorio. La exasambleísta por Alianza País, María Paula Romo, y actual candidata a la Asamblea por la Izquierda Democrática (ID), fue la primera en intervenir. Razonó que con la recopilación y análisis de los datos se encontraron con un patrón en las sanciones. “No eran casos aislados. Quisimos saber ¿Quién es el que usa la Ley”.

De acuerdo con los casos que expuso, la exlegisladora considera que es el Gobierno el que la usa. Con esta opinión coincidió Martha Roldós, exasambleísta y excandidata a la Presidencia. Ella analizó la figura de linchamiento mediático y los casos en los que se ha utilizado.

Reclamó que el expendiente que presentó por publicaciones reiteradas en medios de comunicación públicos fue archivado. En esos reportajes le involucraban en una red internacional de comunicación que supuestamente buscaba desestabilizar al Gobierno.

También recordó que la Ley se ha usado para que instituciones públicas interpongan denuncias de linchamiento mediático en contra de periodistas. Citó el caso del Servicio de Compras Públicas en contra de Janeth Hinostroza y Teleamazonas.

En el conversatorio también participaron la activista GLBTI Silvia Buendía, el catedrático Juan Pablo Morales y, vía Skype, el columnista colombiano Francisco Barbosa. Todos criticaron la aplicación de la Ley. El conversatorio se dio en el marco del Día del Periodista Ecuatoriano.

Diego Cornejo, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, dijo que la próxima Asamblea debería modificar o derogar la normativa.

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