1 de June de 2009 00:00

San Martín enfrenta a la delincuencia

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Redacción Quito

En precipitada carrera, un hombre sale de la tienda de Alejandro Aguirre, en  la Cooperativa de Vivienda San Martín de Porres, en el suroriente de Quito. Son las 11:30 del  jueves 28 de mayo.

Aguirre, desde  el portal de su negocio, alerta a los vecinos del robo. Una moradora que pasa junto a la tienda se percata del incidente y con gritos pide auxilio. Otra vecina llama a la Policía.

La voz de alarma se corre y en pocos segundos los vecinos de la calle K, por donde huye el presunto malhechor, tratan de bloquear las posibles rutas de escape. Cuatro policías de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), que patrullan la zona, detienen al sospechoso a pocas cuadras del negocio de Aguirre.

Así concluye el simulacro antidelincuencial coordinado entre los lugareños, la Policía y la Administración Zonal Quitumbe. La iniciativa surge en respuesta a los constantes delitos que se cometen en esta cooperativa.

El jefe de la UPC de San Martín, Diego Erazo, dice que el robo a domicilios y el asalto a personas ocupan la mayor parte de llamadas  de emergencia en la zona. En el destacamento se atienden entre 15 y 20 llamadas diariamente, comenta.

Erazo explica que por la densidad poblacional, alrededor de 2 000 personas,  cinco policías no son suficientes para atender de una manera eficaz a todo el sector de San Martín.

La falta de personal  reduce la capacidad de acción de la Policía, especialmente los fines de semana, cuando se registra el mayor número de emergencias, añade el oficial.

Pero el número de denuncias y llamadas de emergencia no  necesariamente refleja la situación real de la delincuencia. María
Guadalupe, una de las moradoras, asegura que muchas familias que han sido víctimas de robos y asaltos no denuncian sus casos por temor a represalias de los maleantes.

Aguirre, un policía retirado que vive en San Martín  hace 16 años, dice que los problemas de robos y asaltos comenzaron  hace ocho años. Hoy la zona más peligrosa es la calle R,  dice Héctor Torres, otro de los vecinos.

Aunque desde hace un mes dejó de funcionar la alarma comunitaria, el sonoro repique de las campanas de la iglesia y los silbatos que tienen cada uno de los vecinos advierten a la comunidad cuando ocurre una emergencia. “Unas pitadas largas significan que es un robo”, refiere Aguirre.

En ese caso, el grupo de vecinos más próximos al lugar del delito brinda apoyo a las víctimas, mientras otros vecinos actúan como guías que orientan a la Policía para facilitar la captura de los sospechosos. “La idea no es que los vecinos se enfrenten al delincuente, sino que la aglomeración funciona como un elemento de persuasión”, explica Erazo.

Aunque hasta el momento los vecinos no han puesto en práctica el sistema antidelincuencial, ellos aseguran estar preparados para actuar. Pero  Aguirre no descarta la posibilidad de amedrentar y castigar físicamente a algún delincuente que sea atrapado en delito flagrante. “Tratamos de orientar a la comunidad de que esa no es la reacción correcta porque existen autoridades encargadas de sancionar las faltas”, responde Erazo.

Eduardo Bedón, de la Administración Zonal Quitumbe, señala que es fundamental involucrar a la comunidad en tareas de vigilancia y seguridad. Por su parte, la administradora zonal, Catalina Remache, dice que  es importante que  la comunidad adquiera conocimientos y destrezas sobre cómo actuar en una situación de emergencia.


Punto de vista Jenny Pontón/ Investigadora de la Flacso

‘La prevención debe ser guiada’

Es positivo involucrar a la comunidad en la prevención y control de la inseguridad, siempre que la capacitación y las acciones estén coordinadas con las de la Policía y otras autoridades.   La utilidad de estos sistemas depende de la participación y organización.

Sin una guía adecuada es muy fácil caer en prácticas de represión y justicia por mano propia, que son  contrarias al Estado de Derecho. Esto  genera un estado de violencia generalizada y caos social. Las capacitaciones deben hacer énfasis en el respeto a los derechos humanos. La comunidad debe acudir a las instituciones encargadas de impartir justicia que, por su parte, debe recuperar su eficacia.

Los  ciudadanos  pueden ser parte de la solución al problema de la inseguridad desde la prevención.

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