En la Policía Judicial de Quito hay actualmente decenas de vehículos que esperan por sus dueños. Ahora el proceso de recuperación es más ágil. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Vitara del 96. Motor por reparar. Carrocería con golpes y el embrague defectuoso. ¿Alguien se interesaría en robar un carro con esas características? La pregunta la lanza Francisco, el dueño de ese auto.
Desde noviembre, el quiteño intenta localizar su vehículo, hasta ahora sin mayor suerte.
Ha usado todas las vías posibles para rastrearlo. Publicó foto en Facebook y envío los datos a sus contactos de Whatsapp.
Incluso hace cinco meses viajó a Ambato. Un amigo le comentó que había visto el carro en una feria de esa ciudad.
Ese sábado, su papá lo acompañó. Salieron en la mañana. Recorrieron el canchón, miraron los modelos similares al Vitara, chequearon los números del motor y del chasis, pero no lo encontraron. Regresaron a Quito con las manos vacías.
“Ya estoy resignado. Lo peor es que todo pasó en 10 minutos. Dejé unos papeles y al volver ya no estaba”, relata. Perdió por lo menos USD 6 000.
El Chevrolet Sail de Santiago tampoco aparece. Él lo dejó afuera de una discoteca del sur de Quito en febrero y desde allí no hay rastro alguno.
Lo que más le indigna es que todavía paga las cuotas al banco por el crédito que tramitó el año pasado para comprar el vehículo. Su carro tenía un valor de USD 10 500.
Cada fin de semana visita las ferias que operan en el Teleférico y en Guamaní, en el norte y sur de la ciudad, para intentar localizar o hallar pistas.
Su familia, que vive en Ibarra y Santo Domingo, ha recorrido las calles de esas ciudades, pero tampoco ha habido éxito.
Las repercusiones económicas del robo de vehículos son millonarias. Interpol analizó este fenómeno delictivo en 10 países de la región, incluido Ecuador, y descubrió que en apenas 1 648 denuncias (717 en el país) las pérdidas superaron los USD 24 millones.
El Nissan Sentra de Sebastián desapareció en abril. Lo compró hace un año en USD 11 000. Viajó en el carro de su hermano a Cayambe, Ambato e Ibarra. Recorrieron las calles de la ciudad, visitaron los patios privados, las ferias públicas. Al igual que Francisco y Santiago, tampoco tuvo suerte.
También publicó en las redes sociales las imágenes y detalles de su auto. Sus contactos compartieron las fotografías, tratando de ayudarlo.
Freddy se desplazó a Ambato y Quito para rastrear su Chevrolet Sail modelo 2015.
El carro lo compró en USD 15 000. También subió imágenes en Facebook. Hasta ahora no tiene ningún resultado.
El carro de Andrés tenía rastreo satelital, pero igual desapareció. Lo dejó afuera de su oficina, en el norte de Quito. El último registro indicaba que el vehículo estaba en Pomasqui; luego el sistema se apagó. Desde diciembre del año pasado no conoce su paradero.
“Amigos, tengan mucho cuidado. Por la crisis se han dado por robar los autos. Por favor, si tienen información o los ven, ayuden a ubicarlos”, alertó en abril un usuario de Facebook..
Los investigadores señalan que en Quito se han detectado grupos criminales especializados en el desmantelamiento de los vehículos y en la venta de piezas en cachinerías.
Sin embargo, las cifras oficiales muestran un decrecimiento de las denuncias. En el primer semestre del 2015 se registraron 2 918 quejas. Y en el mismo lapso del 2016 hubo 2 588.
¿Cuál es el porcentaje de resolución de esas denuncias? EL COMERCIO solicitó el lunes 1 de agosto una entrevista al Ministerio del Interior, pero hasta ayer no hubo respuesta.
La recuperación de los vehículos también era otro problema para las víctimas. En junio del 2014, este Diario reveló que se demoraba más de tres meses en tramitar la salida de los autos de los patios de la Policía Judicial.
Galo, por ejemplo, tardó 90 días en sacar su auto de los patios de la PJ ubicados en Marianitas, en Quito. Los agentes lo llevaron a ese canchón porque estuvo en medio de un tiroteo entre policías y sospechosos.
A César le llevó más de dos meses retirar su vehículo. No fue robado ni lo usaron en delitos. Ingresó al patio de la PJ porque los agentes hicieron un parte equivocado, donde indicaban que lo había abandonado.
El Consejo de la Judicatura (CJ) calificó de “tortuoso” a ese proceso. La Fiscalía reconoció que la gestión se demoraban “meses e incluso años”.
Por eso, el CJ elaboró un protocolo para que la devolución sea más ágil. Desde noviembre del 2014 se habilitó una plataforma de la Fiscalía donde se ingresan los datos de los autos recuperados en el país.
A partir de ese mes, el trámite para devolverlos tarda 120 horas, según las autoridades.
Las diligencias se desarrollan únicamente a través de ese medio digital.