13 de June de 2009 00:00

Reyes Torres, liberado por anomalías en el juicio

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Redacción Judicial

Jorge Hugo Reyes Torres fue llamado sorpresivamente a las oficinas administrativas del penal García Moreno de Quito. Eran las 16:00 de ayer y los celadores tenían en mano la orden judicial para liberarlo.

La excarcelación fue dada por los jueces de la II Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. El documento remitido a la prensa no tiene firmas, pero según el presidente de la Sala, Luis Abarca, la decisión se tomó porque se encontraron más de 50 irregularidades en el juicio contra Reyes.



La providencia
Para la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional, “el Tribunal Juzgador como el Tribunal de Apelación omitieron la obligación jurídica constitucional de ejercer la función de garantes de la observancia de las garantías del debido proceso del acusado”. 
Además, señala que Alfredo Alvear, director nacional de Asesoría Jurídica y subrogante del Fiscal General, presentó su argumentación del recurso, fuera del plazo legal.
Por último, aseguran que la sentencia anterior viola disposiciones constitucionales y procesales que “determina que se haya aplicado falsamente al acusado el art. 84 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas”. Es decir tráfico de drogas.   Entonces, decidieron absolverlo (declararlo inocente de sus cargos) y disponer su salida inmediata de la prisión quiteña, luego de que permaneciera 90 meses preso en máxima seguridad, imputado por presunto narcotráfico.

La orden se cumplió a las 17:30. Reyes abandonó el panóptico y solo manifestó que quería estar con su familia. En las celdas del pabellón A permaneció la mayor parte de los últimos 16 años de su vida, señalado como uno de los narcos más poderosos del país.

Primero fue detenido en 1992. En ese año, la Policía Antinarcóticos neutralizó la organización liderada por Reyes, que fue catalogada  por los gendarmes como el golpe más duro al narcotráfico.

En esa ocasión, la Justicia decidió  que permanezca 14 años detenido, pero recuperó su libertad en  2001. Un año después fue nuevamente detenido por la Policía, acusado otra vez de tráfico internacional de drogas.  

Desde entonces, permaneció en el pabellón de máxima seguridad del penal García Moreno. Reyes siempre se declaró inocente, incluso en su audiencia de juzgamiento (2003) se defendió solo. En el auditorio de la antigua Corte Suprema de Justicia (avenida 6 de Diciembre y Piedrahíta) presentó su alegato contra el operativo ejecutado por Antinarcóticos. 

El juicio fue llamado como Ciclón III, en relación a los operativos policiales ejecutados a inicios de los noventa. El proceso penal estuvo en la Quinta Sala de la Corte Superior de Quito y sus jueces no creyeron en los alegatos de Reyes y lo condenaron a 25 años de reclusión. La pena era la más alta que se impuso y se fundamentó en que reincidió en el delito.

Luego esa sanción fue ratificada por la Tercera Sala de lo Penal de la misma Corte. Reyes no se estancó y llevó su caso hasta la Corte Nacional de Justicia.

El jueves pasado, la Segunda Sala Penal de ese tribunal sostuvo que no existen fundamentos para acusarlo de narcotráfico. En su providencia señala que  hubo  información “obtenida inconstitucionalmente”. Específicamente menciona los registros del celular de Reyes, que fue una de las bases de la acusación policial.

Según la Sala de la Corte Nacional, esos registros “solamente se refieren a números  de las personas a quienes realizó llamadas, algunos de los cuales son sus familiares, por lo que esta información es de carácter equívoca (...) no tiene relación con la ejecución de alguna de las conductas alternativas previstas en el tipo penal contenido en el art. 84 de la Ley de Sustancias Estupefacientes”.

Para Abarca, su providencia corrigió errores de la Justicia. Por eso, además, ordenaron la devolución de sus bienes confiscados en el operativo policial de 2001.

En esa acción se decomisaron una casa y dos vehículos, que se mantienen en custodia del Consejo Nacional de Control de Substancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep). Ayer, el director de ese organismo, Domingo Paredes, aseguró que la institución cumplirá con la Ley. “Si fue encontrado inocente, se tendrá que devolver los bienes”.

La decisión de la Segunda Sala de lo Penal tomó por sorpresa a las autoridades judiciales. En la sede de la Fiscalía General de la Nación se organizó una reunión de urgencia para analizar el fallo. El fiscal Washington Pesántez trató con su asesores qué hacer luego de la ejecución de la providencia y de la liberación de Reyes.

El representante del Ministerio Público aseguró que existen  errores en la decisión que tomaron los jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional.

“En su misma providencia señalan que es improcedente el recurso de casación que presentó Reyes, pero de oficio dejaron analizar y dejaron sin  efecto la sentencia”, explicó molesto el Fiscal. 

Para Pesántez, en el país no hay antecedentes de una casación similar. En Derecho -explicó el Fiscal- una casación se revisa si hubo errores de procedimiento jurídico de la sentencia y no la prueba con la que se actuó. 

El Fiscal anticipó que pidió una aclaración de la providencia a los integrantes de la Sala. También no descarta presentar un recurso de protección ante la Corte Constitucional. Asimismo, abrir un expediente investigativo en contra de los jueces que avalaron la liberación del Jorge Reyes Torres. 

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