8 de November de 2009 00:00

Pocos resultados exhibe la Ley de Acceso a la Información

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Redacción Política

Dos personas tienen que multiplicar su tiempo  para  vigilar el cumplimiento de  la Ley de Acceso a la Información.  Ellos son  Camilo Restrepo,  defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo y su asistente Yajaira Naranjo.

La Defensoría es el  organismo encargado de precautelar el cumplimiento de esta  norma que rige desde mayo de 2004. La Ley de Acceso fue creada para garantizar la transparencia de información de las entidades del sector público o que manejen dineros del Estado.  Han pasado cinco años  y, de acuerdo con los  números ,  la Ley es letra muerta.

35 solicitudes
de información han presentado los ciudadanos ante la Defensoría en lo  que va de 2009.

“La información pertenece a los ciudadanos, no a las instituciones. Eso no se entiende”. Con esta frase,  Restrepo resume lo que sucede con esa norma.  

En su despacho, hay cientos de carpetas que  guardan los  archivos sobre el  cumplimiento de la Ley.  Las cifras que presentan causan desazón.

Solo 197 instituciones, de las  5 000   que se someten al mandato de esta Ley,  presentaron su informe anual sobre las peticiones de acceso  a su información. De ellas, la mayoría son   centros educativos, organismos seccionales y ministerios de Estado.

La Presidencia de la República encabeza la lista de las instituciones incumplidas, puesto que no presentó el informe del período 2008. Aunque el plazo terminó en marzo pasado y el último corte se hizo a finales de octubre, el reporte no ha sido entregado.

En esa información deben detallarse  las peticiones que recibieron y cómo las tramitaron. Además, un índice con la información reservada que manejen.

 Otra norma es  transparentar toda su  información en  páginas web. Analizándola superficialmente, no obstante, es la acción que más impulso ha tenido.

Pero, por falta de recursos, la Defensoría no ha podido verificar su correcto cumplimiento; pues hay páginas, como la de las FF.AA., que no tienen actualizada su información  o  el caso de la Policía, que la montó hace poco.

La  Defensoría,   el mes pasado,  decidió monitorear el  cumplimiento de esta disposición con ayuda externa. La intención es replicar un  monitoreo que hicieron con  ayuda de la organización  Participación Ciudadana. Este estudio terminó este año y se  concentró  en Guayaquil.

Los resultados estaban previstos:  solo 20 entidades cumplían con todo los requisitos establecidos en la Ley. La mejor puntuada fue el Cabildo de Guayaquil.     

La veeduría Fundamedios hizo una indagación sobre la Ley de Acceso  y concluyó que su   aplicación   “corre el peligro de caer en un punto muerto. Es necesario un relanzamiento”, sostuvo César Ricaurte durante  la presentación de este informe.

¿Por qué puede morir la Ley? Las instituciones públicas no cumplen con sus disposiciones y tampoco los ciudadanos  la aplican.  La Defensoría, que es un puente para acceder a esa información, solo  ha recibido 35 solicitudes ciudadanas  durante este año. En 2008 fueron 237, mientras que en 2007  llegaron 348. El 90% han sido tramitadas.  

Entre los solicitantes estuvo  Luis Torres Rodríguez, quien requiere información de la Corporación Financiera Nacional . Él debe defenderse de un juicio por injurias que le planteó Banco Pichincha, por su libro ‘Banca, de la usura al narcolavado’. Su caso llegó a los tribunales y se tramita en el Juzgado X de lo Penal de Pichincha. 

Hace un mes, Torres fue a una audiencia donde a nombre de la Ley de Acceso pidió que se le entreguen los datos y denunció la poca diligencia de los funcionarios de la Corporación para aplicar  esta Ley, pues enviaron información incompleta y sus reclamos no han sido escuchados. Óscar Lanata defendió a la Corporación. En su alegato dijo que se ha entregado todo lo solicitado y que  la entidad no tiene la facultad para enviar  otros datos pedidos.  Está previsto que el lunes se emita una sentencia  y será uno de los primeros casos   en que se aplique la  Ley.

El estudio de Fundamedios    verificó que de las 67 instituciones a las que  se les pidió  información; 21 aceptaron, seis se  negaron y 40 no respondieron.

R. Patiño no acudió al llamado

El asambleísta César Montúfar también acudió a la Defensoría para solicitar que el ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, dé información  sobre la creación de los comités de la revolución ciudadana.

Sin embargo, ha pasado un mes y no ha tenido una respuesta. Por eso Montúfar dice que irá  donde un juez, que es otro de  los caminos que establece la Ley. Es decir,   una persona que no  recibe la información puede acudir a un juez o a la Defensoría del Pueblo.  

 De otro lado, los funcionarios que entreguen  información incompleta, alterada o falsa o que la niegue, recibe sanciones en la Ley de Acceso a la Información.

Entre ellas, una multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo; la suspensión de sus funciones por 30 días calendario, sin derecho a sueldo, y, por último, la  destitución del cargo en caso de que  a pesar de la multa o suspensión impuestas  se persistiere en la negativa de entregar de la información.

También los  representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado o las naturales poseedoras de información pública son factibles de  una sanción. En este caso, con una multa de USD 100 a 500 por cada día de incumplimiento a la resolución. Ese dinero debe ser liquidado por un juez competente.

La remoción del funcionario  no exime a la institución de entregar la  información requerida y eso debe hacerlo inmediatamente.

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