17 de August de 2010 00:00

El Estado intenta replantear su capacidad de reacción

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Danilo Gallo.

El organigrama estatal argentino para prevenir o responder a una emergencia es perfecto en la teoría. Cada área tiene una responsabilidad específica por cumplir. En el papel se aprovechan todas las capacidades. Pero cuando llega el momento de actuar... nada parece ser como está escrito.

Las últimas experiencias evidenciaron las fallas por desorden, la carencia de una línea de mando unificada, la falta de reacción por burocracia.

Frente a un desastre, el Estado reaccionó con voluntarismo. El Sistema Federal de Emergencias (Sifem) es un organismo rector sólo en la letra a través de un decreto firmado en 1999.

Luego de varias ocasiones en las que el Estado mostró una aletargada respuesta (inundación en la provincia de Santa Fe, en 2003; megaincendios de campos en Entre Ríos, 2008; alud en Salta, en 2009), hubo cambios en la organización oficial de la prevención de catástrofes. Aún no tuvieron que ser puestas a prueba las lecciones aprendidas.

Por lo pronto, se fortaleció la Dirección de Protección Civil y Prevención de Emergencia, dentro del Ministerio del Interior. En el presupuesto de 2010 asignaron USD 20 millones para esa área.

Y empezó a difundirse de manera pública, a través de una página web, el reporte diario de “eventos no deseados”, con avisos vinculados a movimientos sísmicos, actividad de volcanes y nivel de ríos. Por ejemplo, en el informe del 30 de junio pasado, se indica un terremoto de 5,3 grados en Tucumán, sin daños ocasionados, un incremento de alerta de seguimiento en el volcán Villarica y la recomendación de evacuación para zonas ribereñas de la ciudad de Posadas por el crecimiento del río Paraná.

Esa notificación de anormalidades se realiza a partir de los informes de organismos como el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). La organismo mantiene, hace años, la mirada colocada en el cinturón andino, la región con mayor actividad sísmica en la Argentina.

En 1944, un terremoto demolió el 80 % de la ciudad de San Juan, por lo que las construcciones en esa provincia y en la cercana Mendoza siguen las recomendaciones del Inpres.

Los problemas mayores para la Argentina pasan por la capacidad para mitigar los daños de una emergencia.

Sucedieron en las últimas urgencias una serie de fallas que frenaron la llegada inmediata de ayuda. El inconveniente fue la falta de una voz de mando.

Frente a la catástrofe cada Ministerio intervino de la forma en que le pareció más adecuada. Sin coordinación. Se dieron casos en los que el Ministerio de Desarrollo Social anunciaba el envío de asistencia, pero en ese momento se carecía de aviones de transporte. Y, en lugar de usar camiones militares, se demoró el despacho de la asistencia para conseguir vehículos civiles de carga.

Los militares tienen la mejor estructura logística para actuar frente a emergencias y, por doctrina aprobada por el Gobierno, una de sus funciones es la ayuda ante desastres naturales. Sin embargo, no siempre son convocados a tiempo.

En caso de no contarse con sistemas de telefonía, incluso con la salida de servicio de los aparatos satelitales, las Fuerzas Armadas cuentan con sistemas de comunicación preparados, precisamente, para mantener vinculados a los medios de respuesta frente a una eventualidad.

Con un Sistema Federal de Emergencia que existe sólo en los papeles, la Argentina intenta replantear su capacidad de reacción. Pero el Estado sigue en deuda.

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