12 de October de 2014 18:20

La renta petrolera causa división en la Amazonía

Antonio Kubes, Guadalupe Llori, Salvador Quishpe y Marcelino Chumpi, en Puyo, en agosto. Foto: Cortesía  de Antonio Kubes

Antonio Kubes, Guadalupe Llori, Salvador Quishpe y Marcelino Chumpi, en Puyo, en agosto. Foto: Cortesía de Antonio Kubes

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Estefanía Celi R. Redactora (I) politica@elcomercio.com

En la búsqueda de más recursos económicos, los gobiernos de las provincias de la Amazonía han emprendido el proyecto de plantear una reforma a la Ley 010, que regula su participación en el excedente de la renta petrolera. Sin embargo, el debate ha generado división entre las autoridades de las provincias amazónicas.

Hasta ahora no hay consenso entre prefectos, alcaldes y juntas parroquiales. Las autoridades seccionales están divididas en dos grupos.

Desde el 2007, los gobiernos seccionales de la Amazonía reciben USD 1 por cada barril de petróleo que se extrae. Esos recursos son manejados por el Fondo para el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae), que los reparte a los gobiernos locales.

Ante la búsqueda de una reforma, hay dos propuestas: elevar la participación de USD 1 a 3 por barril o solicitar el 5% de las regalías.

Saúl Cárdenas (AP) titular del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), admite la división. “Es posible un acuerdo, pero para eso primero tenemos que sentarnos a dialogar y aún no lo hemos hecho”, asegura.

Cárdenas, quien también es alcalde del cantón Sucúa, en la provincia de Morona Santiago, considera que el principal problema está en varias autoridades de la oposición, aunque prefiere no dar nombres. “Dicen que no se explote un barril de petróleo o un gramo de oro, y luego en otro escenario dicen que quieren el máximo de las regalías. No hay coherencia”.

El mismo criterio mantiene el presidente Rafael Correa. Desde el enlace ciudadano del pasado 4 de octubre, el Primer Mandatario usó justamente ese argumento para cuestionar a las autoridades amazónicas de movimientos de oposición.

“Deben traerme firmado todos el compromiso de apoyar la explotación petrolera y minera responsable, y eso incluye a sus respectivos partidos políticos, Pachakutik y MPD, si no yo no pasaré el proyecto de ley”, dijo Correa.

Pero ese compromiso es imposible de cumplir, a criterio de Salvador Quishpe (Pachakutik), prefecto de Zamora Chinchipe. Él considera que es un intento de buscar respaldo para explotar del bloque ITT, en el Yasuní.

“Hay manipulación desde el Gobierno, nos está chantajeando con ese pedido porque él no necesita nuestra autorización para la explotación petrolera. La prueba es que ya lo está haciendo”, argumenta.

Quishpe es partidario del 5% porque, según dice, no significaría ni la mitad de las ganancias que obtiene el Gobierno con la venta del petróleo, usando como referencia el precio del barril en agosto pasado.

El prefecto de Pastaza, Antonio Kubes (SUMA), también impulsa la propuesta del 5%. Él señala que la cifra responde a la evaluación de un equipo técnico, conformado por representantes de los tres niveles de gobierno, provincial, cantonal y parroquial.

Kubes explica también que se plantea la de­saparición del Ecorae, porque actualmente la distribución de las regiones se realiza directamente a través de la Secretaría de Planificación.

Pero Segundo Ruiz (Creo), alcalde de Santiago, en Morona, cree que es mejor estar del lado de lo seguro, es decir, pedir el incremento de hasta USD 3. “Si bien no es mucho, preferimos eso y vamos a estar con lo que nos puedan dar”, señala.

Sin embargo, más allá del debate entre autoridades, la decisión final está en manos del Presidente. En la última sabatina él afirmó que si “toditos”, incluidos los partidos políticos, firman el apoyo a la explotación petrolera y minera, duplicará la Ley 010.

La Constitución señala, en su artículo 303, que la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva del Ejecutivo.

Quishpe asegura que las conversaciones han avanzado, pero cree que hay una suerte de boicot desde el Gobierno. Para el 7 de octubre estaba prevista una reunión de autoridades de la Amazonía, en Baños, para elegir cuál de las propuestas impulsarían ante el Ejecutivo. Pero fue cancelada porque la Secretaría de Gestión de la Política convocó, para ese mismo día, al encuentro de gobiernos autónomos en Cuenca.

Ahora esperan planificar un nuevo encuentro en el que se pueda votar sobre las propuestas. Y esta semana habrá dos reuniones. “Hay varios pasos que debe tener una ley, y el primer diálogo tiene que ser con el Ejecutivo”, sostiene Cárdenas.

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